24 de November de 2009 00:00

Nuestra mordaza

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Gabriela Calderón

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Hace un año aproximadamente pregunté si la revolución ciudadana eventualmente iba a ingeniárselas para que personas que no estamos de acuerdo con el pensamiento único no podamos seguir escribiendo. Muchos me acusaron de fatalista.

Discúlpenme, pero el fatalismo no se me cura, peor luego de leer el proyecto de ley y ver que lo aprobado no corrige las  falencias de ese proyecto.

La Ley de Comunicación propuesta por el oficialismo crearía un Consejo Nacional de Comunicación e Información (CNCI) con poder de multar, suspender y cancelar definitivamente el registro requerido para el funcionamiento de cualquier medio.

El CNCI, como muchos otros organismos creados bajo la revolución ciudadana, no gozará de independencia del Ejecutivo:
De los ocho miembros del Consejo, el voto del representante del Presidente será dirimente y por lo tanto valdrá más que los demás votos; además contará con el voto del representante del Ministro de Educación (electo por el Presidente) y probablemente con aquel de los tres representantes del Consejo de Participación Ciudadana (institución caracterizada por su transparencia e independencia desde que nació, ¿verdad?).

Los medios tendrán que registrarse una vez al año ante el CNCI. La espada de Damocles que ya existía en la propiedad estatal de las frecuencias para los canales de televisión y radios  ahora se yergue sobre los medios escritos y se intensifica con el registro anual.

Bajo esta ley, el Presidente no tendrá limitación alguna para realizar cadenas nacionales en cualquier medio. No reglamenta ni la duración ni la frecuencia de estas, ni tampoco especifica bajo qué pretextos se las puede realizar. Tampoco se regula la publicidad estatal, solo la privada. Además, no se detalla la conformación del Directorio de los medios públicos, dejando la puerta abierta a que sean manipulados por el Gobierno de turno.

Desconozco si podré seguir escribiendo luego de que se apruebe esta ley. No tengo título de periodista. Tampoco pretendo especializarme porque creo que mi especialización académica es otra que no impide mi labor de columnista de opinión. Por si acaso, ni siquiera en Venezuela se exige el título para ejercer esta profesión.

Patiñovideos, narcopolítica,  diputados de los manteles en Puembo,  contratos de Fabricio Correa, etcétera. Nada de eso aparecerá en la prensa después de que un funcionario o individuo se sienta “afectado”.

No debemos olvidar el nombre de aquellos en la Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional, que están votando a favor de estas restricciones a nuestra libertad. Cuando ya no podamos hablar sin miedo, acordémonos de que ellos nos pusieron la mordaza.

Tomado de diario El Universo

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