19 de septiembre de 2014 20:59

La noticia y el servicio público

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Darwin Massuh(O)
Editor General Multimedia

Puede ser solo coincidencia, pero llama mucho la atención. El miércoles de la semana que concluye, la Corte Constitucional (CC) dejó sin piso las demandas contra la polémica Ley de Comunicación. Ese mismo día, Quito fue el escenario de las manifestaciones de los sindicatos apoyados por algunos grupos sociales por un lado y, de la concentración convocada por el Gobierno para hacer de contrapeso político, por otro.

Son dos hechos de particular importancia para el futuro de la comunicación, de la misma actividad periodística y por supuesto del derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información.

La resolución de la CC deja prácticamente intacto el marco jurídico en el que se desenvuelven los medios. Algo más crucial aún: abre la puerta para que se eleve a rango constitucional la calificación de la comunicación como un servicio público, lo que ya está contemplado en la Ley de marras. Ese propósito es parte de la iniciativa del oficialismo con el paquete de enmiendas constitucionales en el cual también se incluye la posibilidad de la reelección indefinida.

Al catalogarse constitucionalmente a la comunicación como un servicio público le cabría al Estado la potestad de definir el ámbito de la gestión de los prestadores del servicio que es en lo que se convertirían los medios ahora privados y de línea editorial independiente y su consecuente control por parte de órganos administrativos públicos.

En el caso que toca a las manifestaciones de esta semana, no cabe duda de que el público a través de las coberturas de distintos medios, tuvo acceso a la información de estos acontecimientos. Las noticias, incluidas imágenes de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, circularon por distintas plataformas informativas de medios públicos y privados. Los ciudadanos pudieron, si acaso era de su interés, conocer qué pasó, aquel día en Quito.

Quizá eso no fuera posible si, en función de la categoría de servicio público, un funcionario decide qué deben informar los medios a sus audiencias en acontecimientos como estos.

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