6 de November de 2009 00:00

Una norma permitiría censurar al periodista

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Redacción Política

La obligación de los periodistas de emitir información veraz y verificada, conocida como la responsabilidad ulterior, se convirtió en el punto de choque entre los legisladores que redactan el proyecto de la nueva ley de Comunicación.

El miércoles se rompió la armonía que había nacido al interior de la Comisión, que logró aprobar los primeros nueve artículos de la ley por unanimidad.

Cuando se planteó el texto de la responsabilidad ulterior, con los aportes del editorialista de diario Expreso, Javier Zabala Egas, miembro  del equipo consultor de la Comisión, el debate se cortó de tajo y se suspendió por un día. 

El asambleísta de oposición, César Montúfar, aseguró que detrás de ese principio había la posibilidad de coartar el derecho a la libertad de expresión. Por eso,  preparó una nueva propuesta para la reunión de ayer.

A las 15:05, los asambleístas se reunieron para salir del bache en la redacción de la ley. El debate sobre la responsabilidad ulterior atrajo toda la atención.

Montúfar pretendía que se respete lo que señala la Convención Americana de DD.HH. sobre este tema. Es decir, que la responsabilidad ulterior solo se aplique   para información que cause daño moral, conmoción social, que altere el orden o la salud pública.

Su idea fue discutida y aceptada por sus colegas. Lo que no estaba en debate era la posibilidad de obviar este principio. Los miembros de Alianza País no conciben el ejercicio periodístico sin el concepto de la responsabilidad. Betty Carrillo, presidenta de la Comisión e integrante de ese bloque, asegura que  debe ser “obligatorio” para todos los comunicadores sociales. Es decir, que sean responsables de la información y opinión que difunden.

Una hora después, los legisladores pulieron el texto con las observaciones y propusieron  que la responsabilidad ulterior en el “ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeta a censura previa, salvo los casos señalados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley; al igual que responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos”.

10 asambleístas, incluso los de oposición, respaldaron el principio. Solo María A. Calle no votó a favor. Ella quería que se señale explícitamente que la información debe ser veraz y verificada. Sin embargo, esas características y otras están en la Constitución.

Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, quien antes de la cita de la Comisión emitió su criterio, la veracidad y verificación de una información deben ser concebidas como recomendaciones y no obligaciones, porque llevaría a un velada censura.

La responsabilidad ulterior, que es parte del capítulo de los principios generales de la ley, será clave para una  regulación a los medios que impulsa el Gobierno.

Carrillo no esconde lo que seguirá en el debate. Los medios de información serán responsables “administrativamente” de la información errada o falsa que emitan. “Deben entregar información verificada y veraz. No basarse en rumores y si alguien les dice que es de noche deben comprobarlo”.

Ella sostiene que la vulneración de la responsabilidad  deberá ser castigada por un órgano regulador e independiente de otro tipo de acciones judiciales que planteen los perjudicados.

Esas sanciones administrativas pueden ir desde la amonestación hasta el cierre de un medio, luego de un proceso especial que se efectúe para el caso.

Para el especialista en Derecho Penal, Fernando Casares, la promulgación del principio de responsabilidad ulterior tiene errores jurídicos. “Crean como una norma  exclusiva  para los periodistas, pues no existe para abogados, médicos o ingenieros. Eso puede ser discriminatario”, dice.    

Adicionalmente, explica Casares, no se podrán impulsar sanciones de tipo administrativas que se pretenden. Jurídicamente, estas normas solo son aplicables  para leyes de segundo orden (reglamentos, manuales de procedimiento) y no en una la ley orgánica, como es la de Comunicación.

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