La conmemoración del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, debe llamar a la meditación a no tomar su nombre en vano para hacer todo lo contrario o simplemente enarbolar su defensa pero solo para quienes se identifican con un mismo sector. Cuántas defensas justas se han hecho -la infame desaparición en manos de la Policía de los hermanos Restrepo, hace 21 años, para citar un caso-, que merecieron respaldo y solidaridad ciudadana. Sin embargo, también se ha manoseado y abusado el tema cuando se produce el silencio cómplice tras la caída de un uniformado -de la Policía o las FF.AA.- o se defiende a activistas de la tendencia por solidaridad ideológica. Ese es el caso de un condenado a 16 años de prisión, en las tres instancias judiciales y con sentencia ejecutoriada, por violación a una menor, y recupera la libertad por acción de una institución de transición, que interpreta una resolución que no amparaba la violación. Documentos y testimonios de los actores, incluso de aquellos identificados con la tendencia lo corroboran.
La Declaración Universal es importante para exigir su cumplimiento, pero también es bueno reflexionar en torno a los deberes ciudadanos que existen y que el documento señala. En su nombre, este jueves se prevé realizar en la Asamblea Nacional el primer debate del proyecto de la Ley de Comunicación. Por mandato constitucional, incluso incumplido hasta ahora, tiene ineludiblemente que aprobarse pero sin violentar principios ni normas internacionales ni nacionales.
Tanto se ha hablado de declaraciones universales y convenciones americanas y por lo menos 5 artículos de la Constitución vigente que sería bueno recordar otro, el artículo 19 de la Declaración Universal, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
O dar lectura al plan de gobierno Alianza País 2007-2011, que dice: soñamos en un país con medios de comunicación que presenten de forma objetiva e independiente los sucesos nacionales e internacionales, en el que el análisis de la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana sea la primera prioridad de la información, en el que la denuncia de la corrupción no sea un simple escándalo, en donde el respeto a la honra ajena sea una práctica normal. Un país en donde la profesión de periodista no sea de las más arriesgadas por las diversas formas de intolerancia desplegadas desde las instancias de poder político o económico. Un país en donde el respeto a la opinión de los contrarios, a la disidencia y a la crítica esté garantizada…