De las 5 000 empresas que deben rendir cuentas a la Defensoría del Pueblo, solo 242 cumplieron a escala nacional. De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el plazo de entrega venció el pasado 31 de marzo. El defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, explicó ayer que tienen esta obligación las empresas públicas y privadas que brindan servicios públicos. Debían remitirle información sobre el nivel de ejecución presupuestaria en 2009, detalle de gastos, contratos celebrados y los incumplimientos que tuvieron, plantilla de remuneraciones y los planes estratégicos para los próximos años.
Entre las instituciones que no cumplieron están: Servicio de Rentas Internas, Procuraduría, Contraloría, Aduanas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central, Banco de Fomento, Interagua y Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ahora, Gutiérrez puede suspender en sus funciones al trabajador encargado de enviar la información de cada institución. Redacción Guayaquil