Eso que el Presidente de la República declare, cada vez y cuando, el estado de excepción, sin observar los requisitos previstos en la Carta Magna, es inconstitucional, y un abuso de sus facultades. Además, a estas resoluciones presidenciales surgen cuestionamientos por el proceder del economista Correa, puesto que, como se apreciará más adelante, en ocasiones, supongo, firma sin revisar lo que algunos de sus asesores le ponen en su escritorio. ¡Qué peligro! Esta breve introducción es el antecedente del Decreto 1160 de abril 29 pasado, que tiene la firma autógrafa del Primer Mandatario. No es un documento con firmas electrónicas, como sucede con algunos de sus decretos.
Según el artículo primero del Decreto 1160, se procede a renovar “el estado de excepción declarado en la provincia de Azuay”. Es decir, limita el estado de excepción (en minúsculas según reglas emitidas por la Academia de la Lengua), a una provincia del país, lo que está claro y es correcto (no profundizo si esto es conveniente o se justifica). Hasta ahí, vamos bien. ¡Qué bueno, ninguna equivocación en las dos primeras líneas del decreto!
En el artículo segundo el presidente Correa ordena que “para la atención de emergencia y para mitigar los daños ocasionados en las zonas de las referidas provincias…”. ¿No era que el estado de excepción se lo decretaba, exclusivamente, en Azuay? ¿O será que con la revolución ciudadana, cada provincia se integra de otras provincias, y esto todavía no es de conocimiento público? ¡Vaya uno a saber lo que hacen los asesores gubernamentales!
En el artículo tercero, con toda pompa y majestuosidad, como no podía ser de otra forma tratándose del economista Correa, dispone que “el ámbito territorial de aplicación es en la ciudad de Quito en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional”. ¡Maravilla! Ahora Quito se ubica en la provincia de Azuay. ¡Viva la geografía! Y la Asamblea Nacional, ¿en dónde queda para las huestes del Primer Mandatario, en Pichincha o en Azuay? La Asamblea Nacional hace unos días fue, también, declarada en estado de excepción, y parece que lo que han hecho los sesudos asesores presidenciales, es copiar el decreto anterior, sin mayores modificaciones. Eso sí, “breve, breve” para dar gusto al Primer Mandatario.
Felizmente este decreto es corto, no supera una página, porque si fuera extenso como las sabatinas, ¡cuántas imprecisiones adicionales, y errores contendría! Es decir, se constata que el presidente Correa improvisa, incluyendo la designación de asesores que le “dan copiando” los decretos, sin que los más allegados los lean antes de llevárselos a la firma de un mandatario que no es prolijo en la revisión de lo que le ponen adelante. ¡Pobre país!