1 de December de 2009 00:00

No al proyecto tal como está

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Miguel Rivadeneira V.

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Partamos de un hecho indiscutible: por mandato constitucional tiene que aprobarse el proyecto de Ley de Comunicación. Más aún, ya se incumplió el plazo de 360 días que la  Constitución estableciera en su primera transitoria. Sin embargo, una cosa es cumplir una disposición y otra incumplir más normas de la misma Carta Política e inobservar tratados internacionales a los que se adhiriera el Ecuador.

Hace 40 años, solo para citar un instrumento internacional, se firmó en San José de Costa Rica la Convención Americana de los DD.HH., de la cual es suscriptor el Ecuador. El art. 13  señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, sin obstáculos, en cambio el art. 31 del proyecto de ley establece limitaciones a la libertad de expresión.

Existen otras disposiciones constitucionales que deben respetarse y observarse: el art. 384 consagra que el Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto a la libertad de expresión y los derechos de la comunicación. El art. 66, numeral 6, reconoce entre los derechos de libertad, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. El art. 18 prohíbe la censura previa. En el art. 20 el Estado garantiza el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen. El art. 424 dispone que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Es decir, por normas sobran. El problema del país es la permanente inobservancia del ordenamiento jurídico, no ahora sino casi siempre, incluido en este cambio de época.

El problema, como se quiere hacer aparecer, no se refiere exclusivamente al ejercicio periodístico y a las tareas de los medios de comunicación. Cierto es que el periodismo y sus actores tenemos una responsabilidad frente a los ciudadanos y un desafío de actuar con profesionalismo, seriedad, rigurosidad, objetividad y rectificar cuando nos equivocamos, como seres humanos falibles. Sin embargo, está en juego la libertad de expresión de las personas y eso hay que estar conscientes en un país en el que, lastimosamente, poca atención oportuna se da a los hechos trascendentales y solo se dan cuenta cuando comienzan a aplicarse, a momentos tardíamente. La democracia participativa es fundamental; dejar de ser actores pasivos y pasar a ser activos, copartícipes, aunque con las opiniones de los problemas del país. Es hora de despertarse y dejar de esperar que otros den solucionando los problemas y así evitar la vida de los hechos consumados y del desconocimiento hasta cuando afecta a una persona o una colectividad.

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