Las promesas incumplidas y las mentiras del pasado no pueden ser válidas ahora. Si lo que hicieron antes fue malo, igual hoy. Más aún cuando se reivindica el cambio de época y el rechazo a la partidocracia, que evidentemente le falló al país. El ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y equidad constituye uno de los elementos básicos de un verdadero sistema democrático.
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente siete años, señala que todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado que tengan participación del Estado, presentarán a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable de marzo de cada año un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.
Según la Defensoría (aún parcial porque se esperan todos los datos a nivel nacional), hasta el jueves último habían presentado 465 informes correspondientes a 13 provincias de un total de 4.814 instituciones registradas.
Al igual que en otros gobiernos anteriores y en la misma línea coherente de siempre, se torna imprescindible exigir que exista transparencia y equidad para que los ecuatorianos ejerzan un voto responsable en la consulta popular y el referéndum. Controles de abusos de fondos públicos por denuncias al Consejo Electoral: el caso del uso de vallas del Ministerio de Transporte, de vehículos oficiales y la entrega de propaganda a favor del sí junto con nombramientos para las juntas del voto, lo que no ha sido aclarado y solo endosado al trabajo de los carteros, como si ellos tendrían atribuciones y una enorme infraestructura para repartir propaganda electoral.
Hay que estar claros que los ecuatorianos deben ir libremente a las urnas, pero es una obligación cívica y de responsabilidad nacional acudir con cabal conocimiento de causa del contenido de las preguntas y que no polaricen las posiciones a favor o en contra de una administración. Lo que fue malo en el pasado también puede ser ahora. Que voten por el sí o el no, pero que ejerzan un voto a conciencia.
Sí hay, por decir lo menos, errores que generan incertidumbre. El caso de la pregunta uno que habla del “enriquecimiento privado no justificado” y que ahora, al advertirse la gravedad del planteamiento, el Presidente señaló que lo que se quiso decir fue ilícito, que la Corte Constitucional le habría cambiado y que de aprobarse se pediría a la Asamblea que se cambie y se ponga no justificado. El Presidente de la Corte Constitucional aclaró en Ecuadoradio que el organismo no le cambió y que se aprobó como llegó y eso, evidentemente, confirman todos los documentos. Es decir, se votaría a favor de un error. Significa que al pueblo le inducen a votar por algo que sería enmendado luego. ¿Es concebible esto?