14 de noviembre de 2017 00:00

Niños con discapacidad también son víctimas de abusos sexuales

El 26 de octubre pasado, padres protestaron en los exteriores del Ministerio de Educación, en Quito, por los abusos. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

El 26 de octubre pasado, padres protestaron en los exteriores del Ministerio de Educación, en Quito, por los abusos. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor
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La pequeña tenía 11 años cuando sus padres detectaron que era abusada sexualmente por un vecino. El hombre aprovechaba que la menor se quedaba sola en las tardes y la llevaba a su casa. Allí le tocaba los genitales por una hora y a cambio de eso le entregaba un dólar.

La madre de la niña sospechó de los abusos porque la ropa interior de su hija tenía manchas marrones. La familia viajó a Quito y una psicóloga de la Fiscalía confirmó que la pequeña había sido agredida.

Elsa Ortega atendió a la menor y recuerda que la niña relató el abuso mientras pintaba las partes íntimas en un dibujo. Ese caso fue uno de los primeros que se registró en este año.

Un informe de la Fiscalía revela que desde el 2015 se han registrado 4 938 delitos sexuales en contra de pequeños. La mayoría de víctimas (2 959) tenía entre 6 y 14 años.

Los sospechosos de esas agresiones son familiares, vecinos, amigos, profesores, desconocidos u otros menores.
En esas estadísticas está el caso de Rodrigo, un niño de 7 años que fue agredido por su maestro en Guayaquil.

El caso se investiga desde junio del 2016. Ese mes sus padres denunciaron al docente luego de que el menor dijera que le obligaba a hacerle sexo oral. Todo ocurrió en la casa del maestro; él convenció a los padres de que su hijo necesitaba clases extracurriculares de lenguaje. Esa era la materia que el docente enseñaba a un grupo de 28 menores. Ahora se investiga si también abusó de los otros estudiantes.

La Defensoría del Pueblo ha seguido de cerca estos hechos y advierte que el sistema educativo no es el único lugar en que los niños son atacados. La oficina de Unicef en Ecuador corrobora esa información.

En agosto de 2017, el organismo publicó un informe y reveló que los más vulnerables son los pequeños de edades por debajo de los 6 años o con discapacidad intelectual o física.

En los últimos tres años, la Fiscalía ha reportado 544 agresiones sexuales a menores entre 0 y 6 años en el país. Martín es una de las víctimas que está en ese rango de edad. Su primo (mayor de edad) le besaba los genitales y luego le pedía que le hiciera lo mismo.

El pequeño de cinco años dio detalles de la agresión hace dos
semanas en la Fiscalía de Pichincha. Con unos muñecos de trapo indicó cómo su familiar abusaba de él. Mientras contaba esas escenas, lloraba y pedía que su madre no lo volviera a dejar solo.

Cuando los menores tienen menos de 6 años, las investigaciones se tornan más complejas, advierten las psicólogas que trabajan en la Fiscalía de Pichincha. Los niños no se dan cuenta de que son víctimas de los abusos o aún no pueden hablar correctamente y sus padres no les comprenden cuando intentan decir lo que pasa.

Eso también ocurre con los menores con discapacidad. En marzo pasado, las especialistas evaluaron a Lucía, una adolescente de 16 años que fue agredida por su primo en Calderón, en el norte de Quito. La joven tiene 70% de discapacidad intelectual y además padece de epilepsia y esquizofrenia.

La madre de la chica se dio cuenta de la agresión una tarde en que dejó sola a su hija con su primo. Cuando regresó, la adolescente estaba bañada, vestía una pijama y no tenía ropa interior. El abuso sexual se confirmó después de los análisis médicos y psicológicos. Un examen de sangre detectó que la joven quedó embarazada.

El caso de Lucía no es aislado. En su último informe, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ya advirtió al Ecuador sobre los abusos de niñas con discapacidades.

En el documento, la organización detalló 32 ‘preocupaciones’. La ONU detectó que la mayoría de mujeres con discapacidad tuvo su primer hijo entre los 15 y 19 años. Para el Comité, esto demuestra “un alto grado de incidencia de abuso sexual” en este grupo.

El primo de Lucía fue condenado a 30 años de cárcel y la jueza ordenó la interrupción del embarazo. La autopsia del feto reveló que tenía problemas genéticos por los medicamentos que la menor ingería.

Unicef también habla de este fenómeno en su informe publicado en agosto. La organización resalta que el sistema de justicia debe sancionar a los responsables. Según sus estudios, apenas un 5,3% de los casos de abusos es sancionado.

Para enfrentarlo, el Consejo de la Judicatura propuso, hace seis días, una serie de reformas para agilizar los procesos.
Uno de los planteamiento es reducir el plazo de investigación.

Actualmente hay procesos que tardan hasta dos años.
De las 4 938 denuncias que llegaron a la Fiscalía desde el 2015, solo 1 653 ya tienen sentencia contra los sospechosos.

Carlos fue condenado recientemente por el abuso de su hija de 12 años en Gualaceo, Azuay, el año pasado. Un Tribunal lo sentenció a 22 años por agredir a la pequeña. En el proceso judicial, la madre de Juliana testificó en contra de su cónyuge y relató que lo encontró en el cuarto de la pequeña. Ella estaba acostada en su cama, sin moverse y con las cobijas se cubría el rostro.

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