13 de febrero de 2017 00:00

La mayoría de niños abusados no recibe reparación integral

El Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha calcula que un 70% de menores abusados no recibe una reparación. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha calcula que un 70% de menores abusados no recibe una reparación. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Fernando Medina

La placa debía ser develada recordando a los 43 estudiantes que fueron abusados sexualmente en un colegio del sur.

El plantel también tenía que pedir disculpas públicas a las víctimas y sus familias. Esas medidas de reparación impuso el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha en marzo del 2016, para resarcir el daño a los niños que en el 2011, cuando se reportó el abuso, tenían entre 9 y 10 años.

Sin embargo, hasta ahora ninguna de las dos medidas se ha cumplido. Solo el profesor fue condenado a siete años por abuso sexual. Los jueces comprobaron que el docente obligaba a los menores a desnudarse y luego les topaba los genitales. Las familias todavía no se reponen de esos hechos; incluso, los padres de tres niños dicen que sus hijos siguen en terapia psicológica.

El hijo de Jhomara también va al médico una vez al mes. Él fue abusado en el 2012 por un vecino, cuando tenía ocho años. En el 2014, los jueces condenaron al sospechoso a 10 años de cárcel y le ordenaron pagar una indemnización de USD 15 000. Han pasado tres años y la familia tampoco ha recibido ese dinero que iba a utilizar para el tratamiento psicológico del niño.

Pero,¿es frecuente el incumplimiento de las medidas de reparación? El juez de Garantías Penales, Vladimir Jhayya, quien fue delegado por la Judicatura para hablar de este tema, calcula que de las causas que maneja sobre abuso a menores, en el 50% se cumplen las disposiciones judiciales. El resto está en proceso de ejecución o las víctimas no informan el incumplimiento.

El Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha calcula que un 70% de menores abusados no recibe una reparación. Por eso, Pilar Rassa, directora del organismo, dice que el Estado no garantiza la recuperación a las víctimas.

Xavier Andrade es un jurista de Quito que hace cuatro años ganó el juicio en contra de un hombre que abusó de su propia hija. “Le manoseaba y le tocaba las partes íntimas”. El juez lo envió a la cárcel ocho años y le ordenó que pidiera disculpas o mostrara su arrepentimiento de forma escrita y oral. Pero el sentenciado nunca lo hizo.

El Colegio de Abogados también advierte que los incumplimientos se dan por tres razones. La primera, precisamente tiene que ver con que los victimarios son parte de la familia, no pagan y los parientes no reclaman. De hecho, cifras del INEC señalan que el 90% de abusos a menores es perpetrado por familiares o amigos cercanos. La segunda razón es que no aceptan los hechos y por eso no piden disculpas, pues sería como admitir que cometieron el delito. La tercera causa identificada es que los culpables no tienen dinero para el pago de indemnizaciones.

En los juicios, los tribunales no solo ordenan el pago por reparación integral sino también multas por los delitos cometidos. Por ejemplo, el pasado 26 de enero, en Guayaquil, un hombre fue sentenciado a 29 años de cárcel por agredir sexualmente a un niño de 10 años. Los jueces le impusieron el pago de USD 10 000 como indemnización a la víctima y una multa de USD 300 000.

Este mismo valor debe cancelar otro sospechoso por el abuso de un niño de 11 años en Guayaquil. A la familia del menor debe pagar USD 50 000.

Las medidas de reparación son de cumplimiento obligatorio. Así lo estipula el Código Penal en el Art. 77. Por eso, los jueces recurren al embargo de bienes, incautación de cuentas bancarias y si no lo tienen se inicia un proceso por insolvencia. Con eso no puede acceder a créditos, no puede trabajar en el sector público, etc.

Lo que sí aclara el juez Jhayya es que las víctimas deben informar si no se cumplen las medidas. Para el Colegio de Abogados de Pichincha, esto no debería ser así, pues las familias son vulnerables, especialmente en delitos sexuales.

De hecho, en el 2016 a la Judicatura entraron 432 causas por abuso a menores. Ese número es mayor al que se registró en 2015. Ese año hubo 337.

Por eso, los abogados dicen que la Justicia es quien debe controlar que se cumplan las medidas.En el 2015, la familia de una niña de 16 años denunció a un profesor porque la acosaba desde que tenía 12. Le mandaba mensajes de texto y le proponía encuentros sexuales. En ese caso no hubo reparación. La menor tuvo secuelas graves. Se lastimaba los brazos y lloraba durante las noches.

La psicóloga Natacha Villacreces ha trabajado con menores abusados sexualmente por 30 años y asegura que el Estado debe garantizar la reparación a las víctimas. “Lo que se requiere es que las escuelas y hospitales apoyen a los niños”. Ella ha visto cómo infantes dejan las aulas porque los estigmatizan, incluso las familias se cambian de ciudad.

Eso le pasó a María José en 2005. Su hija de seis años fue abusada por su profesor en Quito. Ahora viven en España.

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