7 de julio de 2017 00:00

Siete niñas vivieron un drama luego de que un profesor abusara de ellas

David y su esposa contaron a este Diario cómo ocurrieron los hechos que involucraron al profesor de su hija. Foto: Xavier Caivinagua/PARA EL COMERCIO

David y su esposa contaron a este Diario cómo ocurrieron los hechos que involucraron al profesor de su hija. Foto: Xavier Caivinagua/PARA EL COMERCIO

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Lineida Castillo

Lunes 22 de agosto del 2016. Eran las 14:00 y Cristina (nombre protegido) no retornaba de la escuela, pese a que el plantel estaba a solo 200 metros de su casa. David salió en busca de su hija y recuerda que cuando llegó vio por la ventana cómo un profesor tenía a la niña, de 8 años, sobre el escritorio, mientras abusaba de ella.

El padre recuerda cada detalle de ese momento. La semana pasada, él habló con este Diario, mientras estaba en su casa, en Molleturo, una parroquia rural, a tres horas de Cuenca.

“Fue horroroso y daría mi vida porque nunca hubiera pasado”, dice entre lágrimas. Ese día y como de costumbre, este pueblo, con unas 20 casas dispersas, estaba desolado, porque las familias trabajan en las fincas y la mayoría regresa únicamente los fines de semana”.

David dice que cuando vio al profesor gritó desesperado: “Qué hace con mi hija encerrado; abra la puerta ahora”.

De acuerdo con el relato que luego entregó a la Policía, tras el grito del padre el maestro lanzó a la niña hacia un rincón y cuando abrió la puerta su primera explicación fue que “no era lo que él (padre) pensaba”.

La menor no paraba de llorar y no respondía las preguntas que le hacía el papá.

Antes de marcharse del aula, David le advirtió al maestro que lo denunciaría. Pero le respondió que sería su palabra contra la de él, porque en los 22 años que laboró como docente y que vivió en la comunidad su conducta “fue intachable”. De hecho, él vivía en la casa comunal con su esposa e hijo.

Pero ahora, Luis Guallpa está preso y condenado a 29 años y cuatro meses por la agresión en contra de la menor.

Catalina Mendoza, directora ejecutiva de Desarrollo Social y Económico del Municipio de Cuenca, dice que el acoso o violación a estudiantes es frecuente dentro del sistema educativo, pero asegura que no todos denuncian, porque encuentran respuestas adversas.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos, que funciona en Cuenca, advierte que entre enero y mayo pasados, en esta ciudad se registraron nueve denuncias de violencia sexual perpetrado por docentes en contra de sus alumnos.

Los menores recibieron medidas urgentes de protección, como boleta de auxilio y orden de alejamiento de agresor. Los casos pasaron a la Fiscalía.

Según este organismo, entre el 2015 y mayo del 2017 registró 407 delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes en Azuay y Cañar. Pero no se especifica cuántos de estos hechos fueron provocados por los docentes.

En el caso de Luis Guallpa, en su contra hay más denuncias por agredir sexualmente a seis niñas más de la misma escuela. La noche del 22 de agosto de 2016, Cristina le contó a su padre que este profesor también abusaba de otras compañeras, que tenían entre siete y 11 años.

La niña dijo que las amenazaba con matar a los padres si hablaban algo. David escuchó todo y se lo dijo a los papás.
Silvia Oleas, directora de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, advierte que los niños vulnerados viven en un “aterrador silencio” por las amenazas de muerte, vergüenza y represalias del agresor.

Eso lo vivió Margarita (nombre protegido). Ella tiene 11 años y durante dos fue abusada en otra escuela rural de Cuenca. A María le resultó extraño que su hija se negara a ir a la escuela, hasta que descubrió –en uno de sus cuadernos- que el maestro le dibujaba corazones. Luego la niña le confesó a María que el maestro la encerraba para tocar su cuerpo.

Para Catalina Mendoza, los padres no denuncian los hechos, porque ven cómo el resto de docentes del plantel involucrado o los padres de familia se organizan para apoyar al docente. “Se forman bloques de bandos y la familia afectada termina siendo victimizada”.

Eso ocurrió en Molleturo. Por un lado, los padres afectados se organizaron y al día siguiente de que Cristina fuera agredida sexualmente lo detuvieron, pero otros vecinos intentaron impedirlo.

Para entonces, el pueblo estaba enterado de cómo operaba el docente para abusar de las niñas, pero él lo negaba todo.

Durante las investigaciones y en las audiencias de juzgamiento argumentó que los padres que denunciaban no lo querían. Dentro del proceso judicial, Albino denunció cómo su nieta, de 9 años, fue abusada por el maestro. Dijo que él le obligaba a que le tocara y que en las tardes se quedaba con ella para supuestamente recuperar clases, pero el abuelo asegura que era abusada.

En cambio, Bélgica contó a este Diario que solo después de conocer todos los casos comprendió por qué los interiores de su hija, de 11 años, siempre tenían manchas amarillas y en el último año adoptó una actitud de rebeldía en casa.

“A las niñas más pequeñas les cargaba y ponía su mano en su parte íntima. Me siento avergonzada con los relatos de mi hija”, dijo Olimpia, otra madre de familia. Por ahora, el pasado viernes, la Sala Penal de la Corte de Justicia le ratificó la pena en contra del profesor Luis Guallpa.

El artículo 171 del Código Penal sanciona la violación con prisión de 19 a 22 años, pero el Tribunal de Garantías Penales incrementó la pena, porque consideraron que hay situaciones que agravan los hechos.

Con 11 testigos, con informes médicos y periciales y la narración anticipada de los hechos por parte de la niña, la fiscal Alejandra Ledesma demostró que el sentenciado agredió sexualmente a Cristina dentro del aula. Por un segundo caso, él ya fue llamado a juicio y los otros cinco procesos están en instrucción fiscal y en investigación reservada.

En la parte administrativa, el docente fue destituido.
A las familias les preocupa que las niñas no hayan recibido atención integral (médica y sicológica) por estas agresiones. Estos abusos cambiaron el temperamento de las menores, dijo Rolando Guamanrigra, presidente del Comité Promejoras de la comunidad.

Los padres de Cristina relataron que han recibido solo tres terapias. Según Mateo Ríos, director del Consejo de la Judicatura de Azuay, estos casos ingresan al Programa de Protección de Víctimas y Testigos y se establece asistencia médica, sicológica y social.

Para Catalina Mendoza estos casos deben tener un tratamiento especial, porque se trata de familias muy pobres que provienen de comunidades alejadas y no están en capacidad de movilizarse cada semana. En el caso de Cristina, los papás dice que la niña se resiste a volver a la comunidad, porque cree que el agresor sigue allí y que matará a todos.

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