Nicaragua espera el cese de ataques en Masaya y la liberación de presos

Masaya, que se declaró en contra al gobierno de Daniel Ortega, está bajo un ataque

Masaya, que se declaró en contra al gobierno de Daniel Ortega, está bajo un ataque "desproporcionado" de la policía y las fuerzas paramilitares, dijo un grupo de derechos humanos. Foto: AFP

Masaya, que se declaró en contra al gobierno de Daniel Ortega, está bajo un ataque "desproporcionado" de la policía y las fuerzas paramilitares, dijo un grupo de derechos humanos. Foto: AFP

Los nicaragüenses esperan este viernes la liberación de presos en la oleada de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y el cese de los ataques en la ciudad de Masaya, duramente golpeada por la represión de policías y paramilitares.

Las excarcelaciones son un compromiso adquirido por el comisionado policial Ramón Avellán con obispos católicos, que visitaron el jueves, 21 de junio del 2018, Masaya para evitar más “masacres”. En las primeras horas del viernes no se reportaban incursiones en esa ciudad, 30 km al sur de Managua.

La represión, desatada el 18 de abril contra protestas que dejan 191 muertos, será consignada en el informe final que presentará este viernes la CIDH ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) será clave para que los obispos convoquen la próxima semana, como mediadores, al diálogo entre el gobierno y sus opositores, que busca una salida a la turbulencia de este empobrecido país centroamericano.

“Él (Avellán) nos dijo que iba a hacer el llamado para suspender todo hostigamiento (en Masaya). Vamos a ver si verdaderamente se cumple”, dijo el cardenal Leopoldo Brenes, quien encabezó la misión de obispos, acompañada por el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw.

El arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, señaló que el comisionado también aceptó liberar a los detenidos en Masaya y otros pueblos aledaños.

Los obispos no aclararon cuántos serían los excarcelados, pero con la ayuda de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPD) también iniciaron gestiones para la liberación de jóvenes manifestantes recluidos en la cárcel El Chipote, en Managua.

“Nosotras las madres estamos con el corazón roto. Liberen a nuestros muchachos”, dijo una mujer, en los portones de El Chipote.

Agitando banderas nicaragüenses, miles de habitantes de Masaya se volcaron el jueves a las calles para recibir a los obispos con la esperanza de que termine la violencia, recrudecida luego de que el pasado lunes (18 de junio del 2018 ) Masaya se declaró en rebeldía contra el gobierno de Ortega.

'Ayúdennos a parar esto' 

En la última semana aumentaron las incursiones de policías y civiles encapuchados y armados en ciudades como Estelí, León, Granada y Carazo.

Encapuchados fuertemente armados, que apoyan al gobierno, custodian varias vías de acceso a las ciudades. En los pueblos, barricadas de adoquines son custodiadas por pobladores armados con morteros artesanales.

“Hay francotiradores en los techos, se llevan a los muchachos, queman casas. Aquí estamos escondidos, tenemos niños aquí. Ayúdennos a parar esto”, dijo a AFP Carmen, de 30 años, llorando nerviosa durante un ataque al combativo barrio Monimbó, en Masaya.

La CIDH informará sobre los hallazgos de la visita -que permitió el gobierno de Ortega-, realizada del 17 al 21 de mayo a Nicaragua, durante la que recopiló amplios testimonios.

“Nosotros conocemos la situación, pero ese informe servirá para tener luces ” en las pláticas entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, agregó el cardenal Brenes.

La Iglesia católica ha llamado al presidente a permitir elecciones generales anticipadas en marzo de 2019 para aliviar la tensión. El gobierno no ha respondido a esta demanda en el diálogo con la oposición, mediado por los obispos.

Presión internacional

El gobierno de Ortega enfrenta una creciente presión internacional. “Debe poner fin de inmediato a su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo”, dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.

Al exigir que “cese la represión”, Amnistía Internacional dijo a su vez que “el gobierno no puede seguir pidiendo el diálogo y al mismo tiempo cometiendo serias violaciones de derechos humanos y crímenes”.

Ortega, en el poder desde 2007, ha sido señalado de corrupción y nepotismo, y de ejercer un poder absoluto a través del control de todos los poderes del Estado.

Las protestas comenzaron contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para exigir justicia y la salida de Ortega, dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que encabezó la insurrección popular para derrocar al dictador Anastasio Somoza en 1979.

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