3 de December de 2010 00:00

Las ventas de cerveza se duplican

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Redacción Negocios

La orden de suspender la comercialización de la cerveza Pílsener y Club a nivel nacional pasó desapercibida en los puntos de venta del producto en Quito.

La decisión es parte de otras tres medidas cautelares que tomó el pasado 26 de noviembre la jueza novena de la Niñez y Adolescencia de Guayas, Manuela Calvas, contra Cervecería Nacional por los reclamos de 1 000 ex trabajadores de la empresa. Ellos aseguran que no se les pagó utilidades entre 1990 y el 2005.

En la bodega 5 de Junio, ubicada en el sur de Quito, su propietario, Segundo Anago, desconocía de la orden judicial. “A mí no me han comunicado nada. El camión distribuidor llegó esta semana con total normalidad”.

Para Anago, la afectación al negocio sería grande si se deja de distribuir cerveza, debido a que en diciembre se dobla la venta del producto. En temporadas normales se comercializa 30 jabas al día, pero desde el inicio de fiestas de Quito se vende cerca de 80.

La jaba de Pílsener grande la vende a USD 7,90, mientras que la Club cuesta 9,10. La alta demanda de cerveza hizo que Anago incrementara su pedido a la fábrica. “Solicito por lo general 200 jabas, pero ahora requiero 400”.

Igual ocurre con la distribuidora de Arcesio Enríquez, en el sector de Chimbacalle, en el sur. Allí, durante la temporada de fiestas, se despachan nueve camiones diarios con la bebida, para ser entregada en tiendas y bodegas.

En el sitio también se realiza la venta de forma directa. Según su dueña, Fabiola Saravia, esta es la mejor época del año ya que se duplica el número de jabas que se comercializa diariamente.

“Vendo unas 120. El que prohiban la comercialización sería fatal porque tengo 20 empleados que me ayudan en el negocio. Si no vendo simplemente no puedo pagarles el sueldo. Imagínese lo que eso implica en una temporada de tantos gastos”.

Anago y Saravia son parte de los 65 distribuidores exclusivos de la Cervecería Nacional, quienes no pueden vender otras marcas.

De ahí que Hernando Segura, vicepresidente de asuntos corporativos de Cervecería Nacional, salió ayer a tranquilizar a los propietarios de los 130 000 puntos de venta a escala nacional.

El Ejecutivo señaló que la empresa no ha recibido ninguna orden judicial (ver compartida).

Sin embargo, no negó que una suspensión de la comercialización en esta época afectaría a la empresa, pues solo en diciembre se genera el 20% de las ventas anuales. En el 2009 sumaron alrededor de USD 200 millones.

“En Quito el porcentaje de ventas en diciembre es similar al nacional. Estas no solo son producto de la Navidad y el Año Nuevo sino de las fiestas de la urbe”.

Precisamente, los negocios se abastecían ayer de cerveza para satisfacer la mayor demanda de los consumidores por las fiestas.

En el bar Ariana, ubicado en la calle Versalles, un camión con 300 jabas descargaba el producto a las 12:30.

Lo mismo sucedía en varios locales alrededor de la plaza de toros Quito. En los restaurantes la cerveza se vendía con normalidad y los consumidores decían no conocer de una prohibición.

“Me sorprendería mucho que se aplicara una medida de ese tipo”, dijo Xavier Peñaherrera, quien asistió a un local en los alrededor del coso de Iñaquito.

En el sector de la Jipijapa, la bebida se comercializó sin restricciones en tiendas e incluso en pequeñas motos distribuidoras.

La Cervecería Nacional critica el fallo judicial

La producción y venta de cervezas sigue porque no se ha recibido ninguna notificación que lo impida. Así lo sostuvo Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Cervecería Nacional (CN), en respuesta a una resolución de la jueza novena de Niñez y Adolescencia de Guayas, quien prohibió la venta de las marcas Pílsener y Club. También pidió el congelamiento de cuentas bancarias y medidas cautelares a cinco funcionarios.

“No hemos sido notificados y por eso seguimos produciendo normalmente los productos cerveceros. Cuando seamos notificados oficialmente se tomarán las acciones que sean necesarias pero mientras tanto no haremos nada”, dijo Segura.

El litigio se originó por un reclamo de ex trabajadores de la cervecera por el pago de utilidades que durante 16 años no se habían cancelado. La demanda es de USD 90,9 millones para cerca de 1 000 ex empleados.

Según Segura, es un proceso absurdo que ni las mismas autoridades no encuentran formas de hacerlas cumplir. “Eso no tiene ningún sentido ya que son un montón de medidas sospechosas. Eso nos tiene incómodos”.

Esta es la tercera resolución que emite un juez. Las dos primeras fueron de Pedro Iriarte, juez duodécimo de lo Civil de Guayas, quien solicitó al Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, que ordenara a la empresa cervecera el pago en un plazo determinado. Pero la Cervecería presentó una medida cautelar que evitó la ejecución de ese fallo para evitar una paralización.

Arturo Cervantes, ex trabajador de la empresa y uno de los que presentó la demanda, dijo ayer que todas las empresas deben cumplir con las leyes o deben ser clausuradas. “Es muy raro que no haya sido notificada. Ellos deben pagar porque es un derecho de los trabajadores”.

Los ex trabajadores se reunirán mañana con sus abogados para definir las estrategias legales para que la empresa cancele las utilidades lo antes posible.

Redacción Guayaquil

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