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El transporte en la frontera con Colombia sigue frenado

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24 de November de 2011 00:03

Después de varias reuniones, citas y encuentros, los transportistas pesados de Ecuador y Colombia tuvieron un espacio. Ayer, en Ipiales, los agremiados pudieron exponer sus ponencias respecto a la desobediencia civil que mantienen los colombianos desde hace 40 días.

Desde que se inició el paro en el lado colombiano, el segundo del año, las intervenciones, incluso de los presidentes de ambos países, no han logrado convencer a los transportistas colombianos de desistir de sus pedidos. Ecuador hasta anunció su retiro de la Comunidad Andina, Can, por la agresión a algunos camiones nacionales en El Pedregal y en Cali.

Pero los transportistas colombianos se mantienen en su posición. Pedro Aguilar, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, dijo que uno de sus pedidos es la venta de diésel para los tractocamiones colombianos en territorio ecuatoriano, el mantenimiento del cargue y el descargue de mercadería seca en Ipiales y Tulcán, y el tránsito directo origen-destino para el transporte internacional de cargas especiales (refrigeradoras, plataformas con vehículos ensamblados y tanqueros).

“No nos han escuchado. Nos mantendremos en la desobediencia civil hasta que la Can dictamine la resolución al caso”.

Esto se dará el 12 de diciembre en Lima, Perú, según Genaro Baldeón, secretario jurídico de la Comunidad Andina.

La cita en la que participaron los miembros del tribunal jurídico de la Can arrancó la tarde del martes y estuvo dividida en dos. En la primera se desarrollaron mesas de trabajo con las autoridades de los sectores de transporte, comercio y servicios de Aduana de Colombia y Ecuador.

Después se permitió la intervención de los representantes del sector privado de ambos países, tales como la Asociación Colombiana de Transportistas, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, Asociación de Transporte Pesado del Carchi y la Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera, de Ecuador.

En las audiencias, cada uno de los afectados expuso sus ponencias. La información recabada permitirá a la Secretaría General de la Can tener mayores elementos de juicio y de información para emitir su opinión.

Luis Felipe Vizcaíno, empresario de transporte pesado de Ecuador, dijo que las pérdidas por las medidas tomadas por los camioneros colombianos, al impedir el paso del transporte de carga por el Puente de Rumichaca desde hace más de un mes, ascienden a USD 50 millones.

Los camioneros colombianos no permiten el ingreso de tanqueros, plataformas ni refrigerados de placas ecuatorianas.

Mientras que convoys de camiones ecuatorianos son custodiados en las noches por grupos de policías colombianos hasta el interior de Colombia, en medio de ataques a los vehículos.

La medida que genera desconfianza en importadores y exportadores ha hecho que ahora la transportación de carga pesada, incluidos los automóviles, se haga en barco. Esto a su vez genera una crisis de desempleo.

“De todo el comercio en la comunidad andina, el 73% se mueve vía marítima. Nuestra actitud ha hecho que la mayor parte de carga nos esté quitando el mar”, dijo Guillermo Pozo, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi.


Los comerciantes protestan 

Los comerciantes formales e informales de Ecuador y Colombia se tomaron el Puente de Rumichaca y llegaron a la gobernación de Carchi.  Reclamaron por un  supuesto abuso policial y el irrespeto al Convenio Bilateral de Esmeraldas, que permite la circulación de productos de la canasta básica fronteriza por un equivalente a cuatro salarios básicos, es decir USD 1 056.

Jorge Enríquez, representante de los comerciantes, señaló que en Tulcán se  factura   lo que  se vende a Colombia,  lo que no es una ilegalidad. Un comerciante colombiano pidió  que se respete el acuerdo de la canasta básica y  que no se detengan a  los autos.

Según la gobernadora del Carchi, María Helena Villarreal, está  permitido el paso de los productos de la canasta básica, pero  estos deben ser  facturados y transportados correctamente.  

Víctor Hugo Baquero, comandante provincial de Policía Carchi nro. 10, dijo que en los operativos hubo   personas  que llevaban mucha mercadería  sin  un permiso para transportar carga, y   comerciantes que no tenían las respectivas facturas.