17 de July de 2011 00:32

Teresa Castro no tiene dinero para cubrir su tratamiento

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

El material de bisutería se convirtió en parte de la terapia que sigue Teresa Castro. Se la autoprescribió para aliviar la angustia que empieza a deteriorar su salud. Siente agotamiento, se le baja frecuentemente la presión arterial, además de que un problema renal se le reactivó.

Hace tres semanas fue despedida y aún desconoce de su liquidación por 19 años de trabajo.

El ex patrono, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública (CNT-EP), no responde aún, con documentos, sobre las dudas de ella y otros 500 empleados separados el pasado 24 de junio, en la provincia del Guayas. La empresa solo da pistas de que no recibirán los beneficios del contrato colectivo.

Desde una esquina de su casa, Teresa Castro manipula una fina aguja para unir las piedrecillas de plástico a través de un hilo. Sus callosas manos aún le deben habilidad para confeccionar pulseras, anillos y aretes. Pero se esfuerza.

La destreza la tenía en trabajos más rústicos, como la instalación de cables telefónicos, que le dejó como recuerdo una piel áspera en sus manos. “Me gustaba mi trabajo, no puedo estar inactiva”, dice la mujer de 58 años, cabeza de familia, a cargo de Xavier, de 14 años, el menor de cuatro hijos.

Jéssica Villamar, la hija de 33 años, la anima para que se distraiga con la bisutería. Ambas comparten estos momentos difíciles.

Hace ocho años Jéssica aplicó a una vacante de operadora en la CNT y fue contratada en la agencia de Pedro Carbo y Aguirre (centro de Guayaquil). Su progenitora, en cambio, trabajaba en la agencia oeste, en el Repartidor Oeste, en el Suburbio. En esta última se encargaba de lanzar corriente a la línea en reparación.

Madre e hija, que ganaban USD 900 cada una, recibieron la notificación de que se suprimía la posición de sus puestos de trabajo, por sobrepoblación de empleados en la regional 5 (Guayas).

“Lo extraño es que en esos mismos lugares ya hay otras personas contratadas, claro, con chicas solteras que viven con sus padres a las que les pagan USD 500”. Es lo que ha conocido Jéssica, quien perdió el 75% de su capacidad auditiva, a causa del trabajo, según un reporte del Seguro Social.

Las consecuencias de su despido cambiaron radicalmente su vida y la de tres hijos. Sin ingresos y única responsable de su hogar, retiró a dos hijos de escuela y colegio para matricularlos en otras instituciones con pensiones de menor costo. “Hasta mi hijo de 1 año y medio salió afectado. Él iba a la guardería de la CNT, pero lo despidieron (...) y con visto bueno”, intenta bromear.

Después de un suspiro, anota otra gran preocupación: su casa. El año pasado salió beneficiada con un préstamo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para una vivienda en Villa España (norte de la urbe). Para no perder su vivienda, la alquila. Aún debe USD 33 000.

Pidió posada junto a su madre. También sin trabajo. En un terreno de 14 x 22 ocupó la mitad para construir dos pequeños departamentos. En el otro vive su otra hija, Solange (26), quien vela por madre y hermana, por ahora.

Crisis similares atraviesan sus compañeros. Cuentan sus historias, pero no se animan a hacerlas públicas. Temen represalias.

La mayor preocupación de Teresa Castro es que le faltaron 10 meses para aplicar a la jubilación especial patronal. Sin afiliación al IESS, no sabe cómo afrontará el largo tratamiento que debe iniciar luego de perder un riñón. Le fue extirpado en el 2006.

Descubrió que no le funcionaba un riñón tras una caída mientras trabajaba, cargando cables. Resbaló y perdió el conocimiento. Su pierna se hinchó y fue llevada de urgencia al Hospital del Seguro, recuerda.

A pesar de trabajar 10 años como operadora y 9 en otras áreas técnicas, incluso recorriendo las calles, a Teresa le reclasificaron su cargo este año como “secretaria” (servidor público administrativo).

Es decir, perdió la denominación de obrera y como tal no accede a los beneficios del contrato colectivo. Este garantiza dos años de estabilidad adicional a la liquidación normal al obrero (se multiplica su salario por 24 meses).

“Si el Gobierno cree que botándonos, ahorra dinero, no me opongo. Pero señor Presidente, ayúdenos a que reconozcan nuestros derechos, yo confío en usted”, casi implora la mujer.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)