Las alertas de un posible sobreendeudamiento de la economía ecuatoriana se encendieron el año pasado. La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) dispuso a las entidades financieras, el 31 de agosto del 2011, que identifiquen y estimen, de manera “más acertada”, el ingreso y gasto mensual del potencial cliente, antes de otorgarle un crédito o emitir una tarjeta de consumo.
La hipótesis del sobreendeudamiento de más de 400 000 familias fue confirmada por dos estudios independientes. El uno, contratado por la Asociación de Bancos Privados, analizó las cuentas de personas naturales, entre diciembre 2010-2011. El otro, de la Dirección Nacional de Estudios de la SBS, al que accedió EL COMERCIO, se concentró en un rango de tiempo más amplio: desde diciembre del 2006 hasta diciembre 2011. Y como base tomó una muestra de 8 000 sujetos de crédito por cada año estudiado.
El reporte revela que los clientes, cuyas deudas superaron su capacidad de pago, se incrementaron del 23,8% -en el 2006- al 46,6% -en el 2011-. El grupo más afectado por las deudas es el de ingresos menores a USD 500, al mes (49,2%). Es decir, personas de estratos populares.
Germán Naranjo, quiteño de 45 años, ha vivido esa realidad en carne propia. Con sus tres tarjetas de crédito ha podido solventar sus necesidades en los últimos años. De USD 450 que gana, la mitad lat destina a pagar sus consumos con el plástico. “Eso sí, son pagos mínimos”, recalca.
Con estas opciones evita caer en categoría E (mora de más de 360 días), en la Central de Riesgos, pues -sostiene- hace que el dinero ‘recircule’ y al final del mes sale a flote. Aunque trata de buscar “trabajitos extras”, para evitarse sustos y no sobregirarse.
La tendencia a usar los avances en efectivo y el financiamiento de consumos corrientes (alimentos, vestido, educación, etc.) a más de 12 y 18 meses se ha extendido sobre todo en los segmentos de bajos ingresos, por la facilidad de pagar montos mínimos.
Para el órgano de control esta práctica crea una capacidad artificial de pago del deudor. Con el paso del tiempo dicha capacidad se deteriora al no revertirse los patrones de consumo o no lograr una mejora de los ingresos. Al final se corre el riesgo de que las deudas se tornen impagables.
Este segmento de la población, según el analista económico Fidel Márquez, dejó de recibir remesas por la crisis mundial, pero al estar acostumbrado a un nivel de consumo alto optó por reemplazar ese ingreso con las tarjetas y así mantener el gasto. Lo preocupante -añade- es que la producción nacional es limitada y los parámetros de consumo, en su gran mayoría de productos importados, no están acordes con la realidad.
Este creciente consumo se da en un contexto de exceso de liquidez por efecto del gasto público, cuyo principal ingreso es el crudo con costos altos en los últimos cinco años. Esto hace que el ecuatoriano tenga una percepción de que la economía va bien y mire de aquí a seis meses o, máximo, a fin de año. No prevé el riesgo a dos o tres años, con un agravante: tiende a no sumar deudas, explica el economista Pablo Lucio Paredes.
El porcentaje de ingresos netos destinados a pagar deudas subió, desde el 2006, del 54,56% al 116,2%, en promedio, y en el grupo de ingresos más bajos supera el 130%. “Esto evidencia un claro riesgo de sobreendeudamiento”, señala el estudio de la SBS, que servirá de base para fijar medidas preventivas por parte de la Junta Bancaria.
Actualmente, la cartera de crédito de consumo representa el 26% del total y ha crecido anualmente 21% (entre 2006-2011), superior a la media global, del 14,6%. Y si bien los índices de morosidad aún son aceptables y el porcentaje de personas con categoría E son bajos, Márquez puntualiza que si continúa el sobreendeudamiento se puede llegar a carteras tóxicas, como ocurrió en los EE.UU., cuyo cobro luego se torna cada vez más difícil.
Édgar Pogo, de 33 años, sabe lo que implica no poder pagar un crédito y verse obligado a pedir la renegociación de la deuda. Siempre ha financiado su negocio de zapatos con crédito, pero cuando le robaron su local no supo qué hacer. Le faltaba pagar cuotas de USD 350 por cinco meses y le resultaba imposible cubrir USD 500 al mes por una de sus dos tarjetas. Renegociar su cuenta le significó bajar su calificación de riesgo y tener que abstenerse de pedir más crédito.
Su padre lo ayudó con un préstamo de USD 2 000, y ahora está más endeudado que antes.
El sistema financiero tiene datos parciales del deudor
A más de la alta liquidez en el sistema financiero, la SBS reconoce en su informe que la fijación de tasas de interés llevó a las instituciones controladas “a la masificación de productos y servicios”.
Lo preocupante es que los sectores más bajos no tienen “suficiente información que les permita hacer un uso adecuado de herramientas financieras”.
La política de control de tasas de interés fue implementada por el Banco Central, en el 2007. Desde entonces se mantiene, pese al constante rechazo de los
banqueros. Ellos argumentan que esto hace que las personas de más bajos ingresos queden excluidas del sistema, sobre todo del microcrédito.
Actualmente se realiza un estudio externo sobre el tema, por orden de las autoridades.
Otra medida del Central ha sido obligar a la banca a mantener parte de sus recursos en el país. Esto, en otras palabras, generó una mayor competencia para prestar y llevó a flexibilizar los parámetros de otorgamiento de crédito y tarjetas de consumo.
Paredes y Márquez coinciden, además, en que en un mercado de liquidez extrema no se cuenta con toda la información acerca del posible cliente crediticio.
La razón: el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), que otorga quirografarios e hipotecarios, no reporta a los burós de crédito. Tampoco lo hacen
cooperativas, empresas financieras o no financieras, que no están reguladas por la Superintendencia.
Esto hace que el sistema financiero, principal operador de crédito, tenga datos parciales antes de prestar y el deudor siga incurriendo en más deudas…
Las medidas preventivas que el Régimen estudia aplicar
Para el usuario financiero
Consolidación de cupos en el sistema. Se plantea establecer un cupo único independiente del número de tarjetas que tenga un deudor. Ahora cada entidad asigna un cupo, pero al sumar varias tarjetas puede superar su capacidad de endeudamiento.
Refinanciar y consolidar deudas. Se propone que los clientes puedan refinanciar sus deudas para reducir cuotas. Esta opción podría ejecutarse con una ley. Actualmente hay clientes que hacen pagos mínimos.
Base de datos de endeudamiento. Reformar la Ley de Burós, que permita crear un Buró Público de Crédito, que incluya todos los datos de endeudamiento.
Para las instituciones
Más provisiones para cartera. Las entidades, cuya metodología de concesión de crédito no sea adecuada provisionen más para proteger la cartera de consumo.
Requerimiento de capital. Más recursos para cubrir las operaciones de tarjetas de crédito que sean utilizadas bajo un sistema rotativo, es decir, para las deudas que se van acumulando mensualmente y que podrían devenir en un exceso de deudas.
Provisiones anticíclicas. Las instituciones pudieran establecer colchones de provisiones en épocas donde la economía tiene crecimiento importante, estos a su vez permitirán cubrir déficits en las crisis.
Acciones hechas
31 agosto 2011
La Superintendencia de Bancos envía una circular a las entidades para que identifiquen y estimen de forma más acertada el ingreso y gasto de los clientes.
25 octubre 2011
Se dispuso a firmas auditoras externas un análisis de la tecnología crediticia y de la metodología para determinar capacidad de pago y el riesgo de sobreendeudamiento.
1 febrero 2012
Se presentó un proyecto de normativa de sobreendeudamiento con parámetros generales de mejores prácticas de la región, para que las entidades controladas apliquen.