7 de May de 2010 00:00

El Sindicato de ERCO analiza una nueva huelga

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Redacción Cuenca

Los miembros del Comité de Empresa de la Compañía Ecuatoriana del Caucho (ERCO), solicitaron a la Inspectoría de Trabajo el embargo de los bienes de la compañía.

Según el abogado del Sindicato de ERCO, Patricio Ortiz, la petición se debe a que la empresa no ha pagado USD 997 000 a unos 1 000 trabajadores.

Explicó que la huelga que se desarrolló el año pasado fue declarada lícita por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Entonces se dispuso que la empresa pague los valores que se adeudan a los trabajadores desde el 28 de marzo del 2008. “Lo que tienen que pagar es alrededor de USD 70 al mes, por empleado”.

El 28 de abril pasado, la Inspectoría de Trabajo del Azuay emitió una notificación de pago”. Según Ortiz, la empresa tenía 72 horas para ejecutarla, pero “ hasta ahora no se cumple ese pago”.

Por ello, los trabajadores pidieron el lunes pasado la ejecución del embargo de bienes como maquinaria, materia prima, vehículos, computadoras y muebles. Estos, agrega Ortiz, deben venderse y el dinero recolectado debe entregarse a los trabajadores hasta cubrir la deuda pendiente.

La advertencia que manejan los miembros del Sindicato es que si hasta la próxima semana no se realiza el pago por parte de la empresa, o si desde la Inspectoría de Trabajo no se efectiviza el embargo, ellos irán a una nueva huelga.

Hoy pretenden reactivar un pliego de solicitudes que se mantenía suspendido y con el cual podrían declarar la huelga.

Los directivos de la empresa decidieron no profundizar en el tema. El vicepresidente de Finanzas de la firma, Darwin Zabala, dijo ayer a este Diario que prefiere no hablar sobre las declaraciones de Ortiz. “Nosotros estamos cumpliendo con el contrato colectivo y no adeudamos ningún dinero a nuestros trabajadores”.

Mientras tanto, el abogado de ERCO, Fabián Corral, señaló que el informe pericial que declaró ese monto fue objetado por la empresa por contener errores.

“Eso tendrá que resolverse y se demora, no se puede hablar de embargo”, agregó Corral.

Asimismo, calificó a las declaraciones de los sindicalistas como alarmistas, pues no se enmarcan en la verdad procesal del caso.

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