11 de June de 2010 00:00

El servicio público se debatirá en 6 días

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Redacción Negocios

El informe para segundo debate del proyecto de Ley de Servicio Público recibió ayer una lluvia de observaciones en la Asamblea, lo cual obligó a aplazar su tratamiento para el próximo miércoles. La sesión empezó a las 10:00, media hora más tarde de lo previsto. La asambleísta Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que elaboró el informe, dijo que el objetivo de la Ley es regular el servicio público y garantizar los derechos y obligaciones de los trabajadores.Ese objetivo fue cuestionado por Betty Amores, del bloque de Alianza País, pues no se definen los derechos y las obligaciones de la administración pública frente a los ciudadanos. “Presenté dos informes a la Comisión pero no quieren hacer caso”.Vélez se defendió con el artículo 78, que obliga al Ministerio de Relaciones Laborales y a los departamentos de Recursos Humanos de cada entidad establecer los mecanismos de evaluación de los empleados.Este hecho desató críticas del asambleísta Jerónimo Yantalema, de Pachakutik, porque se está otorgando al Ministerio poderes de superministerio. Paco Moncayo, legislador independiente, pidió que los trabajadores de carrera no tengan responsabilidad por el desarrollo administrativo dispuesto por malos directores. Y criticó que en el artículo 5 no se estableciera que los servidores públicos deben ser estrictamente ecuatorianos, cuestionamiento que fue apoyado por Andrés Páez, de la izquierda democrática.El debate también giró alrededor de los servidores públicos que no estarían sometidos a la Ley, como los docentes. Se pidió que estos trabajadores entraran a la Ley de Carrera Docente.En el Pleno estuvieron presentes miembros de los servidores públicos, quienes también hicieron sus planteamientos sobre el informe. Patricio Avilés, representante de los trabajadores municipales, calificó de positiva a la Ley porque garantiza la estabilidad de quienes laboran en el sector público, estipulada en el artículo 83.Pero legisladores como Moncayo temen que no solo se garantice la estabilidad sino que se permita el incremento de burócratas. “Desde el 2007 al 2010 ingresaron 105 000 nuevos empleados, de los cuales 26 000 ya recibieron nombramiento”.Héctor Terán, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, pidió que se analicen las observaciones realizadas antes de aprobarse el proyecto. Un pedido similar hizo Francisco Cisneros, de Sociedad Patriótica.

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