30 de March de 2010 00:00

El sector público es una telaraña de entidades

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Redacción Negocios

El aparato estatal ecuatoriano es una telaraña de entidades que funcionan autónomamente o que son adscritas a otras dependencias o ministerios. Según el último catastro realizado por el Ministerio de Relaciones Laborales y hecho público por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), existen alrededor de 3 200 instituciones, entidades, organismos y empresas públicas en el país.

En esta lista se incluyen los entes que se incorporaron al Régimen Autónomo Descentralizado, colegios, hospitales, centros de salud, empresas municipales, entre otros. El Senplades afirma que el catastro se actualizará frecuentemente, según manda la Ley y servirá para mantener un mejor control sobre las instituciones, dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

En el catastro también ya se incluyen las nuevas empresas públicas creadas por el Régimen, que deben ponerse a punto en sus procesos administrativos y técnicos hasta el 16 de abril. Según se prevé, con la aplicación de las normas de la Ley de Empresas Públicas cambiará la organización y funcionamiento de entidades como Petroecuador, Enfe, Transnave, Flopec, Correos, empresas eléctricas, municipales...

En este escenario, según un informe de la Superintendencia de Compañías, ya han empezado a darse pasos importantes como el de la fusión de cinco compañías de generación y una de transmisión eléctrica, en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que implicó una inversión de USD 846 850 0890, en el 2009.

Y también una inversión de USD 108 280 567 para la fusión de diez empresas de distribución eléctrica, en la Corporación nacional de Electricidad.

Asimismo, el pasado 25 de enero, con la primera reunión del Directorio y la designación de José Cisneros como gerente, arrancó formalmente la Empresa Nacional Minera (Enami EP), adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. La compañía tendrá un presupuesto inicial de USD 30 millones para realizar estudios en nueve proyectos de minerales metálicos y no metálicos.

En este escenario, una de las principales dudas es sobre lo que ocurrirá con los empleados de las dependencias. En la Ley se especifica que el personal que ahora trabaja en las empresas públicas pasará a las nuevas entidades. Esto no implicará cambio de empleador, despido intempestivo, ni se someterán a pruebas.

Además, las empresas públicas contarán con exenciones como el del pago del Impuesto a la Renta.

Esto, para Daniel Legarda, del Centro de Investigaciones y análisis de Política Pública, precisamente puede implicar una competencia desleal, al dotarse a estas empresas públicas de mayores beneficios o incluso subsidios.

“Nos preocupa principalmente el tema de los recursos que van a demandar las empresas públicas. El ex ministro de Industrias, Xavier Abad decía que si era necesario poner subsidios y subvenciones lo iban a hacer. En ese sentido, se puede ver que el Gobierno no está priorizando una visión de fomento a la producción”.

Legarda asegura que la rendición de cuentas y balances de estas empresas no está clara, como sí se exige al sector privado.

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