El cierre de los casinos evidenció que las leyes vigentes no son un obstáculo para cerrar un negocio formal, ya que en cualquier momento pueden imponerse consultas populares manipuladas con tesis moralistas.
Una consulta sobre la explotación petrolera del ITT tenía más fundamentos, pero no era conveniente para los intereses oficiales.
Los casinos nacieron al amparo de la ley, pagaban impuestos, estaban regulados por el Ministerio de Turismo y el Servicio de Rentas Internas; es decir, formaban parte del sector productivo formal.
Claro que había de los otros, denominados ‘ilegales’ pese a que tenían RUC y declaraban impuestos. Pero no tenían los permisos del Ministerio de Turismo porque no operaban en hoteles de primera clase.
Estas salas de juego proliferaron con escasos controles y regulaciones, como sucedió con la empresa Invermun, acusada de entregar sobornos a funcionarios del Estado a cambio de permitir la apertura de decenas de salas de juego a lo largo y ancho del país.
Y como suele suceder cuando el Gobierno no puede controlar los actos ilegales, termina generalizando y castigando a todos.
En parte se parece a lo que hace el Servicio de Rentas Internas (SRI), que aumenta los impuestos a los de siempre en lugar de cobrar a los evasores.
Volviendo al tema. Sin base legal para cerrar los casinos -y sin capacidad para controlar a los ‘ilegales’-, el Régimen montó una campaña argumentando que los juegos de azar dan cabida al lavado de dinero y generan quiebras familiares.
Con eso logró cerrar a los negocios formales, aunque es probable que proliferen los juegos de azar clandestinos. Y si las autoridades no pudieron controlar a los negocios ‘ilegales’, ¿podrá ahora controlar las apuestas en juegos clandestinos?