22 de July de 2011 00:02

Sanción a los burócratas que incumplan jornada laboral

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El malestar que generó en los servidores públicos el Decreto 813, que establece la compra de renuncias obligatorias por parte del Estado, tuvo una respuesta por parte del Gobierno.

El pasado 18 de julio el viceministro de Servicio Público, Juan Fernando Salazar, remitió a 67 entidades estatales el oficio 0037- VSP - MRL, en el cual se indica que el Ministerio de Relaciones Laborales controlará a escala nacional que los trabajadores se encuentren en sus puestos durante la jornada laboral.

Estas acciones buscan bloquear las posibles movilizaciones en el sector público, luego de las reuniones que varios gremios han realizado desde la semana pasada. La Federación de Servidores Públicos ha efectuado asambleas a las 17:00, concluidas las ocho horas de trabajo, para evitar problemas.

En uno de estos encuentros, uno de los trabajadores que se encontraba en la sala denunció que la mañana del pasado martes se le comunicó que inspectores del Ministerio de Relaciones Laborales habían acudido a las instalaciones de la entidad para saber si los empleados estaban en sus puestos.

“Me llamó la atención. Creo que es una medida para controlar a los dirigentes de los trabajadores”, señaló un empleado público.

El Gobierno sustenta su decisión en el artículo 51, literal c, de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), donde se faculta al Ministerio de Relaciones Laborales a realizar inspecciones, supervisiones, verificaciones, etc., en la función Ejecutiva.

Dentro de las entidad que fueron notificadas también se encuentran la Fuerza Terrestre, la Fuerza Naval, la Policía Nacional, la Corporación Financiera Nacional, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.

En caso de que se encuentren irregularidades dentro de estas y las demás entidades detalladas en el oficio, el Ministerio de Relaciones Laborales notificará a la Contraloría General del Estado, según lo establece la disposición general sexta de la Losep. La norma establece que la entidad de control determinará las responsabilidades y sanciones.

El oficio ministerial también determina que las autoridades de cada entidad podrán iniciar sumarios administrativos contra los servidores públicos que incumplan con la jornada laboral o que paralicen los servicios como el de salud, justicia, etc.

“No tenemos miedo porque cualquier reunión la hacemos fuera de la jornada laboral. Si se las hace en el día quienes participamos pedimos cargo a vacaciones. Además, tenemos derecho a protestar”, dijo Remigio Hurtado, titular de la Conasep.

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