La paralización de la central hidroeléctrica Ocaña y las fallas en las central termoeléctrica Jivino de Orellana trajeron a debate el modelo de gestión de los proyectos de generación eléctrica.
Desde los apagones que sufrió el país a finales del 2009, el Régimen ha buscado posicionar en el imaginario de la población que se realiza una incomparable inversión para poner en marcha ocho nuevas centrales hidroeléctricas,
Estas últimas, además de subsanar las necesidades de energía cambiarían la matriz energética a fin de que el Ecuador reduzca al mínimo la importación de combustibles caros como el diésel para generar energía.
Sin embargo, aún se ve distante la concreción de esos grandes proyectos cuando los más pequeños registran problemas.
Ese es el caso de Ocaña, central de apenas 26 megavatios (MW) (38 veces más pequeña que Paute) donde apenas a una semana de inaugurada tuvo que parar por la rotura del túnel de conducción de aguas a raíz de un deslave de una quebrada que pasa sobre él.
Las autoridades no han establecido sanciones respecto a ese daño (ver nota compartida).
Asimismo, el Gobierno no ha dado a conocer ningún tipo de multas o sanciones a funcionarios, contratistas o fiscalizadores de las centrales que tienen varios meses y años de retrasos. O por la negligencia en los daños de las centrales de 13 megavatios en Jivino 1 y 2, paralizadas a menos de dos años de su inauguración.
Villonaco y Baba debían entrar en los próximos meses pero tendrán nuevos atrasos. Ambas centrales tenían ya retrasos de más de 24 meses respecto a los primeros planes del Gobierno y ahora se sumarán otros seis meses.
¿Dónde están las sanciones? Este Diario ha buscado durante más de cuatro semanas la versión del ministro, Esteban Albornoz, sin conseguir una respuesta.
Ambas centrales además fueron contratadas sin un proceso de licitación abierta de por medio.
La brasileña Odebretch venía trabajando en el proyecto Baba, pero fue expulsada del país. Tras varios conflictos por la administración y financiamiento, la obra se entregó directamente a la brasileña OAS que ya está retrasada.
En cambio, para Villonaco, la licitación solo se hizo entre empresas chinas porque el país asiático financiará su construcción.
También están atrasadas las centrales térmicas de Jaramijó (140 MW) instalada por Equitatis; Santa Elena (40 MW) a cargo de Engevix y Jivino (40 MW) a cargo del consorcio Acuerdo de Generación Ecuador.
Solo esta última ingresó a operar este mes cuando debía estar funcionando en diciembre del 2011. En tanto que las centrales de Jaramijó y Santa Elena siguen sin operar, sumando ya cuatro meses de retraso.
Este dato llama la atención porque los constructores de esas centrales ganaron los concursos justamente por ofrecer instalar los equipos en el menor tiempo.
Para el ex presidente de Conelec, Rubén Barreno, este tipo de fallas se explica por la falta de un seguimiento exhaustivo de parte del Gobierno a las empresas constructoras y fiscalizadoras, que operan en un sector que ha recibido abundantes recursos.
50 días para reparar Ocaña
La Central Hidroeléctrica Ocaña suspendió sus operaciones a menos de una semana de su inauguración por la crecida de la quebrada San Martín que desplazó un grupo de rocas. Estas produjeron la ruptura en el primer kilómetro del túnel de conducción de la central, señaló el gerente de Elecaustro Antonio Borrero.
El funcionario señaló que el material rocoso que ingresó por el túnel no se desplazó hacia las turbinas, “por lo que el incidente no pasó a mayores”, dijo Borrero.
Se tiene previsto la reparación demore al menos 50 días.
Aún no está determinado su costo, señaló Borrero, quien insiste en que el hecho fue fortuito al argumentar que esa sección del túnel ya estuvo construida en la primera quincena del 2009 y soportó dos inviernos sin daños.
Respecto a quién asumirá los costos o si habrá multas o sanciones para la constructora o la fiscalizadora, Borrero se limitó a decir que será cubierto por la póliza de seguro ‘todo riesgo’ de la contratista. No habló de sanciones y deslindó responsabilidades para la constructora
Semaica y la fiscalizadora Caminosca.
El antecedente más reciente del daño en una central hidroeléctrica es el ocurrido en San Francisco. En este caso, la empresa constructora Odebrecht fue expulsada del país.