Resolución del IESS tampoco es clara para el oficialismo

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Redacción Negocios

La explicación que dio ayer Francisco Vergara, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre el alcance de la polémica resolución 464, no convenció a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, de mayoría oficialista.

El organismo resolvió exhortar al Directorio de la entidad a reformar la norma. La medida, emitida en febrero pasado por el organismo, creó el “régimen de afiliación obligatoria” para profesionales en libre ejercicio, trabajadores autónomos y otros trabajadores sin relación de dependencia.

La norma generó una ola de críticas entre profesionales en libro ejercicio.

Vergara insistió ayer en que la afiliación de este grupo no debe entenderse como algo obligatorio. En primer lugar, dijo, porque el artículo 10, literal b, de la Ley de Seguridad Social establece la voluntariedad a la afiliación al señalar que: “El trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio…, que voluntariamente se afiliaren al IESS…”.

Segundo, dijo, el articulo de la resolución 464 establece “con toda claridad que para el trabajador que no tiene relación de dependencia su ingreso y salida es voluntaria a partir de la presentación de la solicitud al IESS y nadie le puede obligar que es lo que se ha tratado de hacer creer”.

Sin embargo, esta explicación no fue suficiente para esclarecer el tema incluso entre los propios asambleístas del bloque oficialista como Betty Carrillo, asambleísta de Movimiento País y titular del organismo, quien insistió en que en la resolución "no está clara la voluntariedad de la afiliación".

Esto porque el artículo 3 de la resolución establece que la salida únicamente se da si el afiliado pierde sus ingresos.
“Cómo puede ser voluntario si hay condicionamientos” para la salida del afiliado del sistema.

También, dijo que se establecen multas y sanciones para los asegurados que se desafilien si reportan falsamente pérdida de ingresos.
En esos términos no se podría hablar de voluntariedad, insistió. Vergara no respondió con claridad ante esta inquietud.

Por su parte, la asambleísta de Madera de Guerrero, Cristina Reyes, cuestionó el cobro del 3% al afiliado en libre ejercicio para el pago del seguro de cesantía, un rubro que está prohibido en la Ley de Seguridad Social para este grupo.

Vergara señaló en varias ocasiones que la voluntariedad se expresa en el hecho de que el afiliado sin relación de dependencia podrá asegurarse a través de una solicitud y el cobro del 3% busca garantizar que los afiliados tengan acceso a todos los beneficios del IESS.

Paulina Guerrero, vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo y quien acompañó a Vergara durante su comparecencia, explicó que las medidas se justifican en la Constitución que señala en su artículo 360: “El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía…”

Pero el asambleísta de CREO Andrés Páez consideró que un régimen de afiliación obligatoria, como establece la resolución, no puede ser considerado voluntario. "Si dicen que ya no es obligatoria entonces deroguen la resolución”, dijo dirigiéndose a Vergara.

Además, mostró oficios de la Superintendencia de Bancos y Seguros emitidos desde diciembre pasado y dirigidos al IESS con observaciones a las recientes reformas efectuadas por la entidad. Sobre esto, Vergara no se refirió.

La principal fue que no se pueden crear beneficios sin estudios actuariales, pues el último disponible, con corte al 2010, estaba desactualizado, según Páez.
Los asambleístas de Movimiento País, Fausto Cayambe y Kerlly Torres durante sus intervenciones dijeron que no se debe desconocer los logros del IESS, pero coincidieron en que la resolución tiene problemas.

“Si hay errores semánticos, que se plantee una reforma”, dijo Torres.

La Comisión, además, aprobó una resolución para solicitar información de los bonos del Estado que mantiene el IESS y convocar a los directivos de la consultora Actuaria para que explique el informe actuarial elaborado para el IESS, que señala que a futuro el Seguro no contaría con los recursos para costear las pensiones y la atención de salud a jubilados y afiliados.


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