12 de July de 2011 01:24

Las renuncias forzosas se aplicarán

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La compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos será una realidad, en pocos días, una vez que se publique en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo 813, que reforma del Reglamento a la Ley de Servicio Público (Losep).

El texto, emitido el pasado 7 de julio, es casi similar al de la transitoria décima del veto a la Losep, remitido a la Asamblea a inicios de septiembre del 2010.

Este punto no es lo único que llama la atención, sino que dicho texto fue rechazado por 95 votos de 119 legisladores presentes en la sesión del Pleno del pasado 29 de septiembre, por lo que no consta dentro de la Losep.

“Es una barbaridad, un acto perverso. Correa busca a toda costa incluir un texto por el que ni siquiera sus propios asambleístas votaron”, señaló la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez, quien estuvo encargada del proyecto de Ley de Servicio Público.

Hace 10 meses, el Presidente, molesto por la decisión, incluso barajó la posibilidad de convocar a la muerte cruzada. La sesión parlamentaria fue caótica, pero al final se decidió que esa normativa no fuera incluida en la Ley.

Ante los hechos, el Mandatario se reunió, de urgencia, con miembros del buró político y legisladores de la bancada, quienes explicaron la lógica del rechazo al texto y la evidente alianza con la oposición. Esa noche se habló de reconsiderar la votación en la sesión del día siguiente, ya que la anterior se suspendió, pero no contaban con los sucesos del 30 de septiembre.

Seis días más tarde, la Ley se publicó en el Registro Oficial sin la compra de renuncias obligatorias. Pero, dos meses más tarde el Presidente comenzó a hablar de la búsqueda de una salida jurídica para aplicar su propuesta.

Ese mecanismo lo halló en el artículo 47 literal K que determina que un servidor público cesará en sus funciones por compra de renuncias con indemnización. Sin embargo, no se determina en ninguna parte la obligatoriedad.

De ahí que tanto Vélez como los representantes de los servidores públicos ya hablan de realizar demandas de inconstitucionalidad al Decreto 813. Entre ellos está Remigio Hurtado Chacón, vicepresidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep).

“Ha sido una tremenda sorpresa. Nosotros le pedimos al Gobierno que apoye las renuncias voluntarias y las jubilaciones. En algunas instituciones se está haciendo, pero en otras no. No es justo que porque en algunas entidades no se apuran se quiera implementar la obligatoriedad”.

Ante esta situación, la Conasep, que aglutina aproximadamente a 120 000 empleados públicos del país, realizará mañana una asamblea general en la que se analizarán la decisión. Uno de estos puntos será el tema legal.

El planteamiento presidencial, de acuerdo al constitucionalista Milton Castillo, no es legal porque se está aplicando sobre algo que no se encuentra en la Ley.

“Creo que está aplicando (Correa) una nueva forma de legislar vía reglamentos. Lo que se ve en este caso es que hay una inconstitucionalidad de forma, pero habría que estudiar más el caso para determinar si existe una inconstitucionalidad de fondo”.

El Gobierno sostiene, desde hace varios meses, que el tema es legal. El pasado diciembre, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, explicó a este Diario que perfectamente se podía establecer la compra de renuncias obligatorias en base al literal k del artículo 47 porque está planteado de forma general.

Este tema surge semanas después del despido de funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y de las evaluaciones en el Ministerio de Finanzas. Este último es uno de los cuatro mecanismos establecidos dentro de la Ley para reestructurar el sector público.

Este Diario buscó una versión del ministro Espinosa por tres semanas pero sus asesores argumentaron problemas de agenda..

Hasta ahora no se ha dicho cuántos servidores, de los cerca de 470 000 que existen en el país, serán separados de las entidades. Tampoco se ha establecido cuál es el presupuesto con el que cuenta el Estado para pagar las indemnizaciones de los empleados.

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