Con la Ley de Seguridad Financiera, de diciembre del 2008, el Gobierno buscó transparentar la tasa de interés y el monto que paga el cliente por el préstamo. Pero esto no ha sucedido, dice Paúl Arias, de Credife. Si bien las tasas se han reducido, falta control y supervisión de los costos que se cobran y que están por fuera de lo permitido. Tanto Arias como Fidel Durán, del Banco Solidario, coinciden en que se debe evaluar mejor la relación entre las tasas de interés y el riesgo de los préstamos para y llegar a tasas adecuadas en el segmento del microcrédito. Arias también observa que hay créditos de consumo que están registrados como microcrédito o viceversa, lo cual distorsiona las estadísticas y puede llevar a tomar medidas equivocadas. Por principio, los microcréditos deben estar sustentados en la fuente de pago del microempresario. Por ejemplo, una persona en relación de dependencia tiene un negocio y pide un crédito para ampliarlo. Pero su principal fuente de pago no es el negocio sino su salario. Hay entidades que le dan el crédito como consumo y otras como microcrédito. En el primer caso la tasa máxima es del 16,3% y en el segundo puede llegar al 33,50%. En este tipo de casos, bancos y cooperativas consultadas coinciden en que el Banco Central debe aclarar este tema. A la larga esto debe ser en beneficio del cliente, dice Paola Granizo, de Alianza del Valle. Además, la reducción de tasas, si bien obliga a ser más eficientes a las entidades financieras, también debiera reflejar todos los costos, de acuerdo con la metodología que usan. Para Finca, la disminución de la tasa de interés le ha significado subir los montos mínimos del crédito de USD 50 a 200 en los últimos dos años. Las cooperativas vislumbran un escenario similar en el futuro. Édgar Peñaherrera, representante de las cooperativas controladas, prevé que los créditos más pequeños se reduzcan.