El Régimen afina los cambios de leyes

Los asambleístas ya trabajan en un proyecto de ley, para cumplir con el mandato popular de mayo pasado, correspondiente a una pregunta.

Específicamente se trata de la Ley de Transparencia del Patrimonio Privado, que, según la pregunta 6, debe tipificar en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado.

Adicionalmente, la Asamblea está a la espera de cualquiera de los tres proyectos que el Ejecutivo planea enviar con carácter de económico urgente. Según la normativa solo podrá enviar uno a la vez y dos por año.

Declaración patrimonial desde USD 100 000

Ley Patrimonio Privado

El proyecto establece ocho reformas al Código Penal. Entre ellas, especifica que el enriquecimiento privado no justificado será establecido como el incremento patrimonial originado en cualquier clase de actividades ilícitas. Para controlarlo, el papel del Servicio de Rentas Internas (SRI) será la piedra angular , ya que todas las personas cuyo patrimonio exceda las 400 remuneraciones básicas unificadas (USD 105 600) estarán obligadas a presentar la declaración patrimonial.

Actualmente, la ley establece que presenten la declaración patrimonial quienes tengan más de USD 200 000.

El proyecto establece las sanciones para quienes no justifiquen el incremento de su patrimonio. Así, las personas que aumentaron su patrimonio hasta en 200 remuneraciones básicas unificadas (USD 52 800), y no justificaron, podrán ir a la cárcel entre uno y cinco años; quienes incrementaron entre USD 52 800 y 316 800 (1 200 remuneraciones) entre tres y seis años y quienes sumaron más de USD 316 800 entre seis y nueve años.

Tres proyectos en espera

El Ejecutivo tiene en su agenda tres proyectos para enviarlos a la Asamblea con el carácter de económico urgente: la Ley de Regulación de Mercados, la Ley de Mercado de Valores y la reforma tributaria.

En el primer caso, el proyecto está liderado por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y está enfocado a tipificar sanciones para las prácticas anti competitivas. Se establecen sanciones del 10% sobre las ventas brutas a quien cometa la infracción y ya no se dan sanciones penales.

El proyecto de Ley de Mercado de Valores, en cambio, está embanderado por la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, y tiene como meta la regulación de las actividades bursátiles del país.

Mientras que la reforma tributaria, que ya está definida y que ha sido trabajada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) prevé el cobro de impuestos a los vehículos, por antigüedad y cilindraje. Además, establece el cobro del 2% a los productores de banano, alza de tasas a cigarrillos y bebidas alcohólicas, cobro de un impuesto a las botellas plásticas...

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