Primero que sí van. Luego que no van. Se quitan. Se ponen. Se aprueba, se desaprueba. Desde enero de este año, el aumento de impuestos, planteado originalmente para enfrentar una emergencia en el sector Salud, ha mutado constantemente, lo que ha mantenido a la ciudadanía en vilo.
[[OBJECT]]Los USD 406 millones requeridos para cubrir ese problema iban a ser solventados con impuestos a los cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos y llamadas a celular. Pero la llegada de la consulta popular dejó en la congeladora esta reforma.
Luego del proceso político se retomó el proyecto y se retiró del plan inicial a los medicamentos y los celulares, pero se incorporó a los plásticos y a los vehículos.
Fue entonces, a inicios de junio, que el concepto de una reforma ‘verde’ empezó a promocionarse desde el Gobierno. Por ello, aparecieron nuevos impuestos: a las fundas plásticas y de papel no biodegradables, a las botellas plásticas, a las motocicletas y hasta a los vehículos híbridos. De refilón, se planteó cambiar el concepto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y otro a los predios rurales.
Pero cuando todo parecía estar definido, incluso con la conformación de un frente de ministros que defendió la propuesta el pasado lunes, en rueda de prensa, otra vez se sacó del horno a la reforma para cambiar los ingredientes: no procede el impuesto a las fundas plásticas.
Después del pronunciamiento público del grupo de ministros, en la mañana, todo cambió en la noche. La ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, quien durante la rueda de prensa no despegó su mirada y sus dedos de su ‘tablet’, envío a las 21:00 un ‘tweet’ (mensaje personal de texto que se difunde por Internet) donde anunciaba una reunión con el Presidente para analizar el alcance de la reforma, dadas las inquietudes ciudadanas.
Desde ese momento, Cely, el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado; el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, entre otros, se reunieron a puerta cerrada con el Presidente para volver a pasar revista al proyecto tributario.
Alrededor de las 22:30, Cely anunciaba por Twitter que las fundas plásticas quedaban fuera de la reforma hasta encontrar una medida más eficaz y que fomente el reciclaje. En dicha reunión, ella, junto a su equipo de trabajo plantearon al Mandatario que espere “porque era necesario desarrollar una reforma con mayor alcance y que sea sostenible”.
El pasado sábado, Cely se había reunido en Guayaquil con los representantes de la industria plástica. Pero según la funcionaria, la decisión no obedeció a la posible pérdida de empleos sino que tomar en cuenta solo a las fundas plásticas para un control ambiental no tiene mayor impacto. “El 60% de la compra de alimentos en el país se realiza en tiendas y mercados por lo que la solución debería ser más integral”.
Pero en la mañana de ayer, todo volvió a ser una confusión, luego de que la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, informará mediante un ‘tweet’ que también las botellas plásticas quedaban al margen de la reforma.
Horas más tarde, el propio Presidente aclaró que solo las fundas plásticas fueron separadas del proyecto. Aguiñaga se disculpó, horas más tarde, por el error.
Al respecto, el vicepresidente, Lenín Moreno, señaló que se ha decidido posponer este tributo indefinidamente. “Que quede claro que hemos estado pensando en la conservación, pero también en el bienestar de la ciudadanía. En principio, si es que no hay necesidad de incrementar un impuesto, pues no se lo debe hacer. Como Gobierno vamos aprendiendo y la próxima vez va a ser necesario hacer una evaluación a mediano y largo plazos”.
Por su parte, Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señaló que “es bueno saber que se ha revisado el impuesto. Esto es un ejemplo de que a veces se hacen las cosas sin consensos. Queremos reglas claras, que este tipo de reformas sean programadas con tiempo”.
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Las tarifas eléctricas sufren otro ajuste
Redacción Negocios
El Ministerio de Electricidad envió, la madrugada de ayer, un comunicado de prensa en el que modificó la decisión que había tomado el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) la semana pasada.
El Directorio de ese organismo aprobó la noche del jueves pasado, hacia las 23:00, un incremento de tarifas eléctricas para los clientes residenciales que consumen más de 500 kilovatios hora (kW-h) al mes. Según el Gobierno, ese consumo equivale a pagar USD 56 al mes.
Con el nuevo ajuste anunciado ayer por el Ministerio de Electricidad, los abonados de la Costa pagarán más cuando sus consumos superen los 700 kilovatios-hora al mes.
En la reunión del jueves pasado, fuentes presentes en el Directorio del Conelec indicaron que se presentó una propuesta para incrementar el rango para la Costa a cerca de 600 kW-h al mes, ya que en esta región del país se consume más energía por la utilización de ventiladores y aire acondicionado.
Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y con mayoría simple se aprobó el incremento en los términos que el presidente Rafael Correa lo había anunciado en su monólogo del 4 de junio pasado.
Una vez que la decisión del Conelec fue aprobada aparecieron las críticas de los abonados de clase media de Guayaquil, quienes consumen más de 500 Kw-h al mes por el uso de aire acondicionado o ventilador.
Esas críticas se fueron multiplicando esta semana y coincidieron con las observaciones a la reforma tributaria.
Estos temas se discutieron en el interior del Gobierno la noche del lunes pasado y se decidió que ya no se aplicará el aumento de tarifas en el Litoral desde los 500 kW-h al mes sino que ahora se aplicará desde los 700 kW-h al mes entre los meses de diciembre y mayo.
Técnicos del sector indicaron que era correcto aplicar la medida diferenciada en la Costa, pero que no debe ser estacional, pues los hogares medios y bajos utilizan el aire acondicionado o un ventilador todo el año.
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