5 de November de 2012 00:01

Quality aún debe USD 2 millones a proveedores

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Cuatro años después que se hicieran públicas las denuncias contra la empresa de servicios petroleros Quality, en la Amazonía ecuatoriana, aún no hay responsables.

Solo han quedado 60 proveedores a quienes la firma debe cancelar cerca de USD 2 millones y tampoco se ha sentenciado sobre la investigación del asesinato a un ex empleado de la empresa.

El caso se conoció en el 2009, cuando un grupo de proveedores de transporte, alimentación, canoas y lavandería reclamó públicamente que Quality –empresa vinculada con Fabricio Correa, hermano del Presidente, según informes de la Contraloría– dejó su operación de servicios petroleros en Orellana y Sucumbíos, sin pagarles facturas pendientes.

Quality realizaba sísmica y topografía para la exploración de los campos Auca, PPR y Cononaco de Petroecuador. Pero no fue contratada directamente por la estatal sino con la firma BGP, que hacía las veces de tercerizadora, conforme datos de la Fiscalía de Orellana. Por los servicios, BGP pagó USD 6,4 millones a Quality al final del contrato, descontado un adelanto entregado.

Sin embargo, la empresa dejó de pagar a decenas de proveedores –las versiones dicen que pueden llegar a 200– por un monto total que oscila entre USD 2 millones y USD 4 millones.

Hacia finales del 2009, el grupo de proveedores se organizó para plantear demandas contra los representantes de la compañía. Pero la noche del 1 de noviembre de ese año, el presidente del Comité de Proveedores afectados por Quality, Édgar Saavedra, fue asesinado en su domicilio: dos hombres en una moto le dispararon tres tiros en la cabeza.

Uno de los proveedores perjudicados, Geovanny Verdesoto, a quien la compañía le adeuda aún USD 63 000 por servicios de alimentación durante dos meses a 500 trabajadores, cuenta que el asesinato aún no ha sido resuelto, pero que uno de los presuntos autores materiales del crimen está preso en la cárcel de Orellana.

El pasado jueves se cumplieron tres años del homicidio. Coincidió con el dictamen del Juzgado de Garantías Penales de Orellana que declaró inocentes a dos presuntos vinculados a Quality en una acusación de estafa.

La sentencia se dictó en el segundo piso de la Corte Provincial de Orellana, ubicada en la calle Quito, una de las principales avenidas de la capital provincial, mejor conocida como Coca. En la avenida se vivía un ambiente tenso y sofocante, no solo por los 30°C de temperatura ambiente, sino además por un cerco de 23 policías que custodiaba el lugar, donde dos grupos antagónicos de personas gritaban consignas a favor y en contra.

Sentados en la vereda de un extremo de la calle adoquinada, se encontraban unos 30 proveedores perjudicados que reclamaban sus haberes. Ellos rindieron sus versiones desde el lunes pasado, para que se les pague. También se encontraban miembros de la etnia huaorani con lanzas de 3 metros, que habían sido contratados como proveedores de madera, canoas y lavandería.

Del otro lado, había cerca de 50 personas de la Costa que gritaban consignas a favor de los acusados de ser representantes y dueños de Quality. Ellos eran Manuel Ochoa y Cristóbal Accini, quienes dentro del edificio permanecían sentados a la espera de la sentencia un poco menos sofocados por el aire acondicionado.

Esta era una audiencia de juzgamiento motivada en la acusación del fiscal de Orellana, Carlos Ácaro, quien realizó la indagación del caso de oficio y llamó a juicio en el 2011 a Ochoa y a Accini, acusados del presunto delito de estafa masiva. Ácaro fue relevado del caso por el Consejo de la Judicatura, debido a un reclamo de la defensa de los indagados. Un año después, el caso fue conocido por el fiscal Wellington Márquez.

La audiencia

En la sala de 6 metros de ancho por 8 metros de largo, estaba dispuesto el tribunal conformado por los jueces Joel Bustos, César Zapata y Jaime Oña. Sentados en una mesa larga, escuchaban el testimonio de las partes. A su derecha estaba el fiscal Márquez y a su izquierda, Ochoa, Accini y sus abogados. En el fondo, cuatro de los perjudicados que no tenían abogados, porque la indagación fue iniciada de oficio.

Márquez sintetizó que no se había configurado el delito de estafa porque no había falsificación de por medio y Quality sí les pagó previamente algunos meses de trabajo. Dijo que se configuró un caso de falta de cumplimiento de obligaciones contractuales y que los demandantes debían seguir el proceso en un juzgado de lo civil.

Una hora tardaron los jueces para deliberar luego de las declaraciones del fiscal Márquez. Luego, emitieron la sentencia absolviendo a los dos implicados.

Las miradas de Ochoa, de pelo largo y canoso, quien vestía una camiseta amarilla que luego la cambió por una azul; y Accini, con camisa rosada, junto con sus abogados, fueron de beneplácito.

Por su parte, cuatro de los perjudicados que estaban solamente de oyentes bajaron la cabeza.

Un grupo de 10 policías subió al juzgado y escoltó a los abogados, jueces y acusados hasta la calle Quito, donde los perjudicados gritaban consignas en su contra con un micrófono y amplificador.

Ya en la avenida, quienes respaldaban a Accini y a Ochoa formaron una calle de honor para que se embarcaran en un auto Corsa.

Del otro lado, Geovanny Verdesoto y otros perjudicados oyeron un resumen del dictamen de quienes los habían representado en la audiencia. Consternado, Verdesoto dijo que “seguiremos luchando, haremos una marcha y presentaremos la demanda”.

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