El asambleísta Fernando Vélez defiende con vehemencia su proyecto para derogar la Ley de Burós de Información Crediticia, que rige en el país desde el 18 de octubre del 2005.
Hasta ahora, los burós, cuya operación es autorizada por la Superintendencia de Bancos, prestan los servicios de referencias crediticias de los ecuatorianos. Estos organismos son los que registran y monitorean los movimientos crediticios y, según sus informes, los clientes del sistema financiero reciben su calificación dentro de la Central de Riesgos.
La propuesta de Vélez se discutirá en los próximos días en la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea. Su propuesta principal es que en el caso de que un deudor se ponga al día, incluido los intereses, se borre todo su historial crediticio en un tiempo máximo de ocho días.
Además, obliga a que en la Central de Riesgos solo consten los nombres de deudores morosos comprobados mediante sentencia judicial ejecutoriada. Y, en caso de aprobarse este proyecto, la Superintendencia deberá borrar de la lista, en un mes, a todos los deudores sin sentencia judicial.
Esto, según Pedro Arriola, vicepresidente del Banco ProCredit, es “una locura, peligrosa para el sistema financiero que no tendría cómo saber a quién está prestando. Estaríamos borrando algo que con mucho esfuerzo se logró”.
Pero Vélez señala que “defiende al pueblo y no a los intereses de los dueños del sistema financiero”.