12 de April de 2012 00:01

Un proyecto de alto riesgo para el otorgamiento de créditos

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Hasta mañana, la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional tiene plazo para discutir y presentar el informe para debate en el Pleno de un proyecto que busca la derogación de la Ley de Burós de Información Crediticia.

La propuesta, presentada por el asambleísta Fernando Vélez, el pasado 10 de enero, tiene tres objetivos: 1) Derogar la Ley de Burós establecida desde el 18 de octubre del 2005. 2) Eliminar toda la información del historial crediticio de un deudor, en máximo ocho días, en el caso de que haya cancelado la totalidad de sus haberes. 3) Que en la Central de Riesgos solo consten los nombres de deudores morosos comprobados bajo sentencia judicial.

[[OBJECT]]A esto se suma que, en caso de ser aprobado este proyecto, la Superintendencia de Bancos tendrá 30 días para limpiar la lista de deudores de la Central de Riesgos que no tengan sentencia judicial.

El proyecto ha reposado durante 45 días laborables, y 20 adicionales, que permite la normativa legislativa para el tratamiento de estas propuestas.

El proyecto, sin embargo, ya ha generado un arduo debate. Las primeras en rechazarlo fueron las instituciones financieras, quienes mediante una exposición a la Asamblea, a través de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), explicaron por qué se debe negar el pedido.

Entre otras cosas, el gremio defiende la existencia de los Burós por ser una herramienta indispensable para el análisis de riesgo crediticio. Sin ellos, la evaluación de aproximadamente el 32% de los tomadores de crédito sería incompleta y eso desaceleraría la expansión crediticia e incrementaría la cartera vencida.

Según sus cifras, la morosidad del sistema financiero se ha ubicado entre el 2 y 3%. Además, entre el 2003 y el 2011, el saldo de la cartera de crédito creció en 309,1%, que en valor absoluto significan USD 10 300 millones.

“La eliminación de los Burós de Crédito fomentaría la exclusión financiera, producto del encarecimiento de los procesos de análisis de riesgo. Por tanto, solicitamos el archivo del proyecto”, señaló la Asociación.

Para analistas de la firma Prófitas, la aprobación de este proyecto dejaría a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y empresas comerciales que venden a crédito, a ‘ciegas’ a la hora de calificar el carácter de pago de sus clientes. “Esta situación elevaría el riesgo crediticio, limitaría el acceso al financiamiento formal y podría incrementar la cartera en mora y las provisiones por operaciones incobrables”.

Según el asesor financiero Xavier Andrade, la propuesta tiene que verse con pinzas, ya que el precio que se pudiera pagar es muy alto. “Hay mucho dinero en la economía y es entendible que se busque impulsar el consumo. Sin embargo, este tema en particular pudiera implicar un riesgo de sobreendeudamiento que podría recalentar la economía nacional y causar el efecto inverso: en vez de mejorar, empeorar”.

La propuesta que se tramita en la Asamblea parte de una lectura política de la Constitución, ya que se justifica en que la información personal no puede ser pública, porque “atenta contra el derecho a la honra y buen nombre”.

La ABPE cuestiona esa interpretación, asegurando que la información de los Burós no afecta al buen nombre ni a la intimidad de las personas. Además, argumenta que la Corte Constitucional ha sostenido que la existencia de los Burós coadyuva a la solidez de la economía en general y del sistema financiero en particular.

La ABPE hizo referencia también a la Corte Constitucional de Colombia, que dice que “la fama de buen o mal pagador se origina en la forma en que usualmente la persona atiende sus obligaciones. Es ella misma quien realiza los actos que configuran su fama”.

Los Burós de Crédito que operan en el país, que son los principales afectados con el proyecto, no han querido pronunciarse. Existen dos autorizados por la Superintendencia de Bancos: Credit Report, cuyo apoderado es Carlos Díaz Albuja, y Acredita, cuyo gerente general es Mauricio Rodríguez Borja.

En ambos casos, este Diario buscó sus posiciones respecto a este tema en debate, sin lograrlo.

Por su lado, los clientes tienen visiones distintas respecto a la propuesta del asambleísta. Germán J., un funcionario público, señala que si bien es una herramienta indispensable, también es verdad que hay problemas. “Yo no pude acceder a un préstamo del Biess, porque resulta que he estado en calificación D en la Central de Riesgos, por un saldo de USD 2,50 de una cuenta que cerré hace años. Tuve que pasar mucho tiempo para demostrar que pagué. Y aún así, se demoraron en limpiar mi historial”.

En cambio, Jorge P., jefe de Recursos Humanos de una empresa, señala que esta información “aunque sea odiosa, es necesaria, para que no haya excesos”.

Algunos datos

El Presidente de la República ha criticado el manejo de la información crediticia, lo cual le sirvió para  demandar por daño moral al Banco PichinchaQ por haberlo incluido como moroso.  

A finales   del año pasado, la Superintendencia de Bancos determinó que las calificaciones D o E de un cliente en la Central de Riesgos ya no es  una imposibilidad para acceder a un crédito.  

El saldo promedio de los créditos subió de USD 3 811 a 3 915  entre el 2010 y  2011. El 44%  de la cartera del 2011 fue de crédito comercial, 38% de consumo.

 Entrevista a Fernando Vélez / Asambleísta.
‘La ley de Burós de Créditos es una sinvergüencería y no tiene razón de ser’

¿Por qué persiste en su propuesta pese a las críticas?
Hay que derogar esa Ley de Burós porque no tiene razón de ser, es una sinvergüencería sin nombre. 

Su razón de ser es prevenir  los riesgos de que personas que no tienen capacidad de pago sigan endeudándose.
No existe ningún riesgo, eso nos lo hicieron creer quienes siempre han querido lucrar con la necesidad ajena.
 
Pero sin esa información , el crédito se restringirá aún más, lo contrario que usted dice.
Los bancos deben ponerse la mano en el pecho y reconocer cuánto han ganado con los recursos de la gente. Todos los años siempre se ve cómo  aumentan las utilidades. Ellos trabajan con los recursos de la gente y se deben a la gente.

Saben perfectamente a quién dar préstamos y a quién no. No les hace falta esta información crediticia.   

Precisamente, para evitar que esos recursos de la gente estén mal destinados.
Insisto, los banqueros no dan créditos a delincuentes. Ellos saben cómo protegerse. Tienen sus propias redes para saber la capacidad de endeudamiento de la persona. Y si no, que lo hagan según el nivel de ingresos . Es decir, tanto gana esta persona, hasta tal monto le puedo prestar. 

Sin los burós, el banco o la casa comercial podría desconocer que ese cliente debe en otro lugar.  
Eso no pasa. Y por eso es necesario eliminar esta Central.
 
¿Qué otras protecciones utilizan los bancos?
Simplemente para un crédito piden garantes, hacen firmar pagarés, letras de cambio, etc. Por tanto, no hay riesgos.

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