Con la inasistencia de los representantes de los bancos privados, la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea inició el tratamiento del proyecto de ley para la regulación de los créditos para la vivienda. La propuesta fue enviada por el Ejecutivo el lunes pasado, con el carácter de económico urgente, y deberá decidirse en el transcurso de 30 días.
El planteamiento establece que cuando una persona no pueda cancelar su préstamo hipotecario, la garantía únicamente se cobrará sobre la vivienda y no con el embargo de otros bienes.
Por ello, tras suspender y prorrogar 20 días más el tratamiento de otro proyecto polémico (de derogación de los Burós de Crédito), los asambleístas escucharon las exposiciones de varios sectores.
El primero en pronunciarse fue el presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, Hermel Flores, que alertó que la aprobación de este proyecto podría afectar a los constructores y, por ende, a 300 000 empleos directos. “La banca privada va a restringir el crédito o saldrá del mercado. Y si todo se hace vía Banco del Afiliado (Biess) habrá un riesgo para la seguridad social del país”.
A continuación, el titular del Biess, Efraín Vieira, señaló que el proyecto sirve para “curarse en salud”, ya que aunque ahora las cosas están bien en la economía nacional y no existen condiciones de burbuja inmobiliaria, es momento de prevenir para el futuro.
“No habría cambios fundamentales. Quizás revisar el monto total de entrega de un crédito al 100% un poco a la baja. Pero por ahora, se mantendrá igual”.
Actualmente, el Biess ofrece el 100% de financiamiento para viviendas de hasta USD 100 000. De ahí en adelante es el 80%.
El punto más criticado, sin embargo, salió de los asambleístas Viviana Bonilla y Ramiro Terán, quienes pidieron revisar el tema de los avalúos, ya que en el proyecto no se especifica si el remate de la vivienda embargada es sobre el avalúo comercial, catastral o el llamado avalúo de realización.
Según Vieira, la brecha entre el avalúo comercial y el catastral (más bajo) es del 25,4% en Quito y de 35% en Guayaquil. Mientras en otras ciudades incluso llega al 90%. El avalúo comercial suele ser casi el doble del catastral.
El presidente de la Comisión, Francisco Velasco, señaló que se incluirá esta precisión dentro de su informe para primer debate. Y anunció que para el próximo lunes se recibirá a los representantes de las mutualistas y otros.