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Prefecto de Azuay, contra mineras

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15 de September de 2011 00:02

El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley de Minería y un artículo del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) en la Corte Constitucional.

El objetivo de Carrasco es que la competencia para otorgar licencias ambientales esté a cargo del gobierno provincial de Azuay.

El pedido del Prefecto se basa en un informe de la Empresa de Telecomunicaciones y Agua Potable de Cuenca (Etapa), presentado el 26 de noviembre del año pasado, respecto al proyecto minero Quimsacocha.

El proyecto está concesionado a la empresa canadiense Iamgold desde el 2001.

El punto 3 del informe señala que en las 5 852 hectáreas del proyecto Quimsacocha existen partes de páramo que alimentan los ríos Yanuncay y Tarqui. Estos, a su vez, proveen de agua a Cuenca y comunidades de Azuay.

Según el punto 7 del informe, las aguas residuales y residuos sólidos de la actividad minera en Quimsacocha afectarían el ecosistema del páramo e implicarían un riesgo potencial “muy elevado de daño irreversible en la calidad y cantidad del agua proveniente de las cuencas del Tarqui y del Yanuncay, con serias afecciones por la calidad de vida de las comunidades y de la ciudad de Cuenca que depende de ese recurso”.

Etapa recomienda la conformación de una comisión de la Empresa y el Municipio de Cuenca para que haga un seguimiento de los planes de manejo ambiental minero en ese sector.

Añade que la comisión debe contratar a expertos en hidrología, suelos y tratamiento de aguas en procesos mineros para que revisen los estudios de impacto ambiental y determinen correctivos.

En este escenario Carrasco pidió la inconstitucionalidad de los artículos 78, 142 y 144 de la Ley Minera y el artículo 136 del Cootad, que otorgan al Ministerio del Ambiente la facultad de emitir permisos para la actividad minera, entre otras competencias.

Según Carrasco estas competencias le corresponden a la Prefectura según los artículos 263 y 264 de la Constitución en las que se determina que los gobiernos provinciales tendrán la competencia de la gestión ambiental.

El funcionario especificó que al pasar esas competencias a su cargo pedirá la moratoria minera en Azuay para contratar una auditoría técnica independiente de los riesgos ambientales de los proyectos mineros de la provincia.

En ella se encuentran dos de los cinco proyectos que el Gobierno ha determinado como estratégicos en el desarrollo de la minería a gran escala: Quimsacocha de Iamgold y Río Blanco de IMC.

Fuentes cercanas a Iamgold, que pidieron la reserva, dijeron a este Diario que el Ministerio del Ambiente avaló, desde el 2002, en cuatro ocasiones la vialidad del proyecto Quimsacocha mediante la aprobación de los estudios de impacto ambiental.

Añadieron que Iamgold entrega, además, informes trimestrales de las actividades técnicas, de monitoreo de aguas y suelos al Municipio de Cuenca (desde el 2005) el Consejo Provincial del Azuay (desde el 2008) y el Viceministerio de Minas.

Afirmaron que no se han realizado observaciones de estas instituciones frente a un posible riesgo de contaminación de agua para Cuenca y el Azuay.

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