5 de October de 2012 00:01

Pedro Zapac, removido de Rocafuerte

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El superintendente de Bancos, Pedro Solines, removió al presidente ejecutivo de Rocafuerte Seguros, Pedro Zapac Quevedo. La causa:  él no tenía facultad para emitir  certificados de depósitos, que garanticen el crédito de USD 800 000 que el argentino Gastón Duzac recibió del banco Cofiec.

Esta resolución es parte del informe presentado por Solines a la Fiscalía,  ayer, y en el que establecen indicios del posible cometimiento de  un delito relacionado con  actividades  de las instituciones financieras y que dio paso al inicio de una indagación.

Zapac, de acuerdo con la denuncia del Superintendente, no podía suscribir documentos ajenos al objeto social de  la  aseguradora, por lo que infringió disposiciones estatutarias y legales.

El 15 diciembre del 2011, mediante una comunicación dirigida a Cofiec, él notificó que los  certificados de depósitos  por USD 100 000 y 783 731 servirían para garantizar el préstamo. Esto lo hizo sin la autorización del  organismo de control.

Pero, además de esta carta, firmó un convenio de compromiso a favor de esta operación, que tampoco contó con las debidas contragarantías, en caso de que el deudor (Duzac) no pague.

Estos certificados, sin embargo, garantizaron el crédito de forma temporal y fueron aceptados por los miembros del Directorio del banco, el 19 de diciembre del 2011, fecha en la que se aprobó de forma oficial el préstamo.

Rocafuerte Seguros es una empresa incautada por el Estado, que si bien sigue operando como privada, su accionista es público  y forma parte del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad. Por esta razón, la Contraloría  también abrió un examen especial.

Ayer, mediante un comunicado de prensa, los delegados al Directorio de Cofiec deslindaron responsabilidades sobre el  crédito dado a Duzac, que fue declarado como vinculado por presunción por la Superintendencia.  
 
Germánico Maya, presidente del Directorio de Cofiec,  señaló que los miembros  no están en el día a día del banco, pero al ser un crédito mayor a los USD 100 000 les correspondió su aprobación.

Además de los depósitos de Rocafuerte Seguros aceptaron garantías comercial ordinaria e industrial abierta  de la Empresa Agrícola La Mercedes,  también incautada por el Estado a los hermanos Isaías, ex propietarios del Filanbanco.

Esta compañía  opera cuatro predios, pero de estos solo dos son de su propiedad y uno de estos  actualmente está  invadido.

Entre los hallazgos que  los auditores de la Súper de Bancos encontraron  también está que en  17 créditos  escogidos de forma aleatoria no se cumplieron las propias normas y políticas de Cofiec.

En los expedientes faltan estados financieros, no hay plazos de operación, en algunas hay pagaré y no hay contrato  mutuo, en otros faltan los dos. 

Hay procesos que se llevan de forma manual, lo cual agrava el riesgo operativo, legal y tecnológico. En los formularios de solicitud de préstamos faltan datos, las pólizas que se exigen cuando hay prenda comercial o industrial ya caducaron. Se otorgaron sobregiros en operaciones que ya están vencidas, etc.  

A julio pasado, Cofiec tenía una cartera de USD 20 millones, de los cuales  6 millones están castigados  y otros 6 millones en juicios. Según esto,  falta un plan estratégico, pues se pasó de créditos comerciales, a de vivienda y ahora a  microcréditos. Para ello se contrató a una consultoría que no entrega informes hace meses. La cartera se concentra en 20 clientes, que representan el 67%.

De los 20 manuales de políticas que tiene el banco para su operatividad, 11 están aprobados por el Directorio y, de estos, nueve están desactualizados. También se  observó que  la presidencia ejecutiva tiene una facultad excepcional para dar crédito, pero esta ha sido utilizada de forma cotidiana.

Otra vez los vinculados del 99...

Tras  la crisis bancaria de 1999, los créditos vinculados quedaron prohibidos por ley y se reformó el Código Penal con  reclusión de hasta ocho años a quienes concedan  o  se beneficien de ellos.  

Esta antigua práctica  de prestar dinero a  directores de un  banco, amigos  o a empresas   fantasmas  fue una de las principales causas de la caída de más de una veintena de entidades financieras .

Hoy sorpresivamente la historia se repite en Cofiec, un banco incautado en el 2004 que venía operando como privado, pero con acciones estatales y el 21 de agosto pasado se declaró su real propiedad a favor del Estado.

El superintendente  de Bancos, Pedro Solines, aceptó en la comparecencia del miércoles pasado  que el crédito entregado al argentino Gastón Duzac es vinculado por presunción, pues se le dio en condiciones preferenciales.

Pero, además, según las normas de la Junta Bancaria (JB) si una empresa  tiene directores comunes con los de un banco, la primera queda vinculada a este aunque no ejerzan su voto.   

En Cofiec, Diana Macancela e Iván Guerrero, miembros del Directorio,  también son directivos de Rocafuerte Seguros, firma que otorgó dos  depósitos como garantía a favor de Duzac. De acuerdo con el acta del 19 de diciembre del 2011, ambos directores comunes  se abstuvieron de aprobar el crédito al argentino.

Depósito de Irán tuvo 2 faltas

El personal  de Cofiec no cumplió dos requisitos cuando recibió  USD 1,8 millones de la Embajada de la República de  Irán, según el órgano de control.  

El primero fue no haber llenado el  formulario de licitud de fondos, que es una exigencia que cumple todo el sistema financiero y que es parte de sus propias normas  de prevención de lavado.

El segundo procedimiento que no se pasó por alto fue no haber generado el Reporte de Operación Inusual (ROI) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto se hace cuando no está claro el origen de los fondos depositados y no significa que existe una irregularidad,  lo importante es que se investigue si estuvo bien justificado, aclaró Pedro Solines, superintendente de Bancos. Esto fue confirmado  por Gustavo Iturralde, ex director de la UAF a este Diario.   

Según el informe de inspección, el oficial de cumplimiento del banco solo   registró, de forma electrónica, el reporte de operación que supera el umbral de los USD 10 000, establecido para el sistema financiero nacional.

El embajador de Irán, Majad Salehi,  ha reiterado en los últimos días que se envió una carta en la que se dice que  “este dinero procede del presupuesto de la Embajada” y no hay “nada irregular”.   

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