El presidente del Banco Central del Ecuador (BCE) y representante legal del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, Pedro Delgado, dijo bajo juramento que terminó su carrera de economista, pero que no obtuvo título en Ecuador.
La declaración forma parte de la versión transcrita del juicio al que acudió el pasado 17 de septiembre pasado en Miami, como representante de Ecuador, en la etapa preprocesal de un juicio que instauró el exgerente de la desaparecida AGD Carlos Bravo en contra de los hermanos William y Roberto Isaías
Luego de varias interrogantes planteadas en el juicio, sobre cómo obtuvo una maestría sin presentar un título de tercer nivel, Delgado aseguró que estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Algo que fue negado por esta institución académica, en oficio del pasado 19 de octubre.
El documento destaca que Pedro Miguel Delgado Campaña, “registra matrículas a partir del primer semestre del año lectivo 1983-1984 hasta el primer semestre del año lectivo 1990-1991. De conformidad con los registros de Secretaría de la PUCE, no ha obtenido grado académico o título profesional en esta Universidad”.
26 días después de acudir al juicio de Miami, Delgado ofreció una entrevista en CNN en donde, al consultarle sobre su título académico, dudó al responder hasta que señaló como prueba un número de carné gremial.
La falta de título de economista Delgado motivó una denuncia penal presentada el pasado martes por el asambleísta Enrique Herrería, por falta a la fe pública. Por lo tanto, de incumplir con la Ley de Régimen Monetario, que exige un título de tercer nivel para el gerente del BCE, así como a quien sea designado representante del Presidente de la República en la presidencia del directorio.
La denuncia incluye los arts. 337 y 338 del Código penal, que tipifica como delito que un funcionario público hiciera constar datos no verídicos en documentos oficiales. Y lo sanciona con reclusión de 7 a 9 años. El caso de Delgado, hay resoluciones firmadas como economista en temas como la venta de empresas incautadas. De comprobarse el delito a la fe pública, el riesgo es que el Estado podría acarrear demandas internacionales por procesos de compras en un marco irregular.