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En 10 meses de gestión, el saliente ministro de Recursos Naturales No Renovables, Germánico Pinto, no entregó resultados concretos sobre los principales temas que se propuso en los sectores hidrocarburífero y minero.
La negociación de los nuevos contratos con las petroleras privadas, las cuales registraron una caída de su producción durante el 2009 y el primer trimestre del 2010, tuvo avances mínimos, lo cual obligó al Régimen a cambiar su cronograma inicial.
fakeFCKRemovePinto asumió sus funciones en junio del año pasado con la consigna de lograr una negociación ágil y favorable para el país. En la práctica, los contratos transitorios con las petroleras debieron extenderse un año más, la negociación del nuevo contrato comenzó tres meses más tarde y el modelo contractual -que debió estar listo en marzo pasado- tuvo que ampliarse un mes más. Hasta ahora no hay una fecha definitiva.
La falta de eficiencia en el proceso motivó el llamado de atención que el presidente Rafael Correa hizo la semana pasada a todas las autoridades del sector, lo cual desembocó en la salida de Pinto.
Un segundo tema irresuelto fue el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos. La administración de Pinto ha socializado el documento desde septiembre pasado pero aún no llega a la Asamblea, pese a que es un tema clave en la negociación de los contratos.
Durante la administración de Pinto los conflictos con las compañías privadas Perenco, Burligton y CGC no salieron del “análisis”. La primera empresa dejó de operar los bloques 7 y 21 en julio del 2009 por negarse a pagar USD 359 millones por ganancias extraordinarias, fruto del incremento en el precio del petróleo.
El Gobierno asumió esos campos y los entregó a Petroamazonas. Pero anunció la posibilidad de declarar la caducidad del contrato de Perenco por abandono de los campos. Sin embargo, “el tema está en análisis jurídico”, indicó ayer Pinto a su salida.
En cambio con CGC y Burlington, operadoras de los bloques 23 y 24 respectivamente, se buscó llegar a un acuerdo desde julio del 2009 para que no interpongan arbitrajes contra el país.
Aunque se habló de indemnizaciones de entre USD 10 y 20 millones, aún no se concretan.
En la misma línea, el Gobierno creó una comisión para renegociar el contrato del Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) desde agosto del año pasado. No hay conclusiones al respecto.
Pinto tampoco se pronunció sobre la declaratoria de caducidad del contrato de EDC, que extrae gas en el golfo de Guayaquil.
Otro tema pendiente es la creación del fideicomiso para dejar el crudo del ITT bajo tierra.
En el ámbito minero, 16 empresas buscan reanudar sus actividades desde noviembre del año pasado, pero sin éxito.
Estos pendientes los heredará, el nuevo ministro Wilson Pástor, quien hasta ayer estuvo a cargo de Petroamazonas.
Para el ex vicepresidente de Petroproducción, Edmundo Brown, Pástor tiene a su favor la experiencia de haber transitado por petroleras estatales y privadas.
Ello podría agilitar la negociación de los contratos. Sin embargo, cree que la actitud confrontativa del presidente Correa juega en contra de una solución.
El ex sindicalista de Petroecuador, Fernando Villavicencio, ve negativo para los intereses del país la relación que Pástor mantuvo en el pasado con petroleras privadas, que se reflejaría en la renegociación de contratos.
El ex vicepresidente de Petroproducción, Óscar Garzón, destaca que Pástor tiene a su favor la experiencia en el sector privado para la renegociación de contratos y resolución de conflictos.Ve más probable que la actual administración explote el ITT antes de conservar el crudo en tierra.