En la década de los 90, bajo la administración de Carlos Menem, Argentina vendió su petrolera estatal (YPF) a la española Repsol.
En esa época, Menem parecía convencido de que el Estado debía ser regulador y no empresario, por lo que llevó a cabo una serie de privatizaciones que le permitieron contar con grandes recursos para sostenerse en el poder.
Actualmente, Menem es senador y el viernes pasado anunció que apoyará la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, una propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ha causado esta semana un revuelo internacional con secuelas aún desconocidas para la economía argentina.
Si la posición de Menem suena incoherente, por decir lo menos, la de Kirchner no se queda atrás. En 1992, cuando era diputada por la provincia de Santa Cruz, ella defendió la ley para privatizar YPF.
Detrás de la privatización de YPF, y ahora con la expropiación de Repsol, no existe una posición de izquierda o de derecha, ya que ambos gobiernos son populistas.
Asimismo, cuando se privatizó YPF, se argumentó que el Estado necesitaba recursos para realizar las obras que requería la población. Al final terminó gastándose la plata sin mayores resultados.
Ahora se vuelve al discurso de recuperar la soberanía energética, que coincide con un escenario de precios elevados del petróleo y descubrimientos de grandes yacimientos. Al final, el Gobierno busca otra vez más recursos para mantenerse en el poder, aunque más aislado del escenario internacional.