La tarde de ayer se publicó en el Registro Oficial la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado, conocida como reforma tributaria o impuestos verdes.
El paquete tributario pasó por el Ministerio de la Ley, luego de que los 30 días que tuvo el Legislativo para debatirlo, por ser de tipo económico urgente, la Comisión de lo Económico ni siquiera votó por el informe de primer debate y, por ende, el Pleno nunca lo conoció.
Ante esta situación, el Ejecutivo inició los trámites para remitirlo al Registro Oficial. Lo primero que hizo fue asegurarse de que el pedido de medidas cautelares, interpuesto por el legislador Gilmar Gutiérrez (PSP), contra el director del ente, Hugo del Pozo, tuviera una resolución.
La tarde del pasado miércoles el asambleísta interpuso el recurso legal ante el juez segundo de tránsito, Hernán Dávila, para evitar que la Ley sea publicada. En el escrito argumentó que al llevar a cabo esa acción se estaría vulnerando el derecho a vivir en democracia, a la participación y la seguridad jurídica del Estado.
A las 18:59 del miércoles pasado, el juez Dávila negó la petición de Gutiérrez aduciendo que no existe constancia de que la publicación de la norma viole ningún derecho constitucional.
La sentencia detalla que “el argumento esgrimido por el accionante parte de meras suposiciones no determinadas en la praxis, hace alusión a declaraciones que constan en medios de comunicación, no aporta documento alguno para determinar que, en efecto, el acto que se dice que se va a producir, se produzca”.
La sentencia dio luz verde al Ejecutivo para actuar y la Asamblea, por su parte dio el aval al Ejecutivo para publicar la Reforma. De hecho, antes de que se remitiera el texto al Registro Oficial envió a la Presidencia de la República un escrito indicando que no hubo trámite de la Ley.
Con todo eso se entregó el texto antes de las 12:00 de ayer y se cumplió el anuncio del presidente Rafael Correa, relacionado a que la norma entraría por el Ministerio de la Ley y sería remitida para su publicación pese a que 53 legisladores aprobaron un pedido para negarla.
A las 17:00 se conoció de la publicación del texto y en ese momento entró en vigencia el paquete impositivo, lo cual era previsible para los empresarios.
Ayer en la mañana, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera, señaló que el gremio presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional si la Ley entra en vigencia, pese a los cuestionamientos que pesan sobre ella.
Añadió que las autoridades no han podido demostrar que la normativa sea ambiental, como dijo el Gobierno. El Régimen, en cadena nacional, insistió ayer que el objetivo de la reforma es gravar a quienes contaminen.