16 de June de 2010 00:00

El país aclara a la UE sus puntos críticos

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Redacción Negocios

La segunda cita entre delegados de la Unión Europea y autoridades de comercio exterior del Ecuador se enfocó en los temas de propiedad intelectual y de compras públicas.

A las 09:20, previo a la instalación de la reunión, el jefe del equipo negociador ecuatoriano, Méntor Villagómez, recordó que los encuentros con los europeos, que empezaron el lunes pasado y que concluyen hoy, no forman parte de una negociación. “Es una evaluación de las perspectivas para ver si es posible una negociación con el bloque”.Durante la mañana de ayer, las conversaciones entre las partes se concentraron en el tema de propiedad intelectual. En esta ocasión no participó el viceministro de Comercio Exterior, Galo Borja, pero sí acudió el director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza.

De parte de la delegación europea asistieron los mismos integrantes que participaron en el encuentro del lunes, encabezada por Gustavo Martín Prada, director para América Latina de la UE y Gaspar Frontini, jefe del equipo negociador europeo.

Los diálogos comenzaron a las 09:30 y se extendieron hasta las 12:30, luego se hizo un balance sobre los temas de servicios (que se analizó el pasado lunes) y de propiedad intelectual.

Sobre el primero, Villagómez explicó que la Constitución reserva para el Estado la gestión y administración de los sectores estratégicos del país, lo cual es un tema sensible dentro de la negociación, ya que esas áreas son de interés económico para los europeos.

“Lo que hay que definir es cómo, manteniendo la disposición constitucional, se pueda en algunas circunstancias permitir la participación de empresas del continente europeo”.

Frontini calificó de acertada a la posición de Ecuador y dijo que se seguirá analizando este tema.

Sobre el tema de propiedad intelectual, explicó que Ecuador ha mostrado más predisposición a cooperar que Perú y Colombia.

Se refirió específicamente a la protección de las indicaciones geográficas, es decir, a la posibilidad de reconocer el cuidado sobre ciertos productos propios del país como el cacao fino de aroma o los sombreros de paja toquilla.

“Sin embargo, en esta mesa identificamos puntos de dificultad alrededor de protección de datos de prueba y la biodiversidad, porque hay disposiciones de la Constitución del país que podrían entrar en conflicto con nuestros planteamientos”.

Con estas conclusiones los delegados se retiraron al almuerzo. A las 15:00 se retomó la reunión donde se analizaron los aspectos referentes a compras públicas.

Allí se determinó como punto crítico la prioridad que tienen las empresas nacionales en las compras estatales. En este tema, al igual que en servicios, se deberá analizar si hay opciones para evitar conflictos constitucionales.

Los puntos de conflicto con la Constitución acerca de los lineamientos de los tres temas más sensibles con la Unión Europea

Propiedad Intelectual

El Gobierno identificó a la protección de datos de prueba y los temas de biodiversidad como los puntos más conflictivos dentro de la mesa de propiedad intelectual. En el primer punto la figura implica que si una empresa europea presenta en el país los datos de prueba (seguridad) de un medicamento o producto agroquímico nuevo, no habrá la posibilidad de entregar esta información a otras empresas para fabricar un genérico durante cierto período. Sin embargo, la normativa constitucional del país establece que habrá un libre acceso a los medicamentos. El artículo 421 de la Carta Magna plantea que “la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos, etc .”. Para el titular del IEPI, Andrés Ycaza, en este punto no se prevé plantear ninguna alternativa de solución porque el país se mantiene en su posición de garantizar el acceso a estos productos destinados a la salud y la agricultura. Para Alfredo Corral, experto en propiedad intelectual, la limitación constitucional no afecta la negociación, pues la protección de datos no aplica a todos los productos. “La gente podrá seguir usando los demás medicamentos”. Asimismo, los artículos 322 y 402 de la Constitución que prohíben la apropiación de recursos de diversidad biológica y agrobiodiversidad, si bien marcan los límites en la negociación con la UE, no impiden que se llegue a un acuerdo.

Compras Públicas

La mayor conflictividad alrededor del tema de Compras Públicas gira alrededor del trato que se les debe dar a las empresas extranjeras, según afirmó Jorge Luis González, director del Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop). La sensibilidad surge porque las compañías europeas pedirán un trato igual que las nacionales en los procesos de licitación y ello contradice lo expuesto en el artículo 288 de la Constitución. El texto estipula que en materia de compras públicas “se priorizará los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”. González aclaró que para evitar estos conflictos se están delineando algunas estrategias para permitir una participación de las empresas europeas, principalmente aquellas en las que no exista la industria nacional. Entre estas compañías se encuentran las que desarrollan tecnologías, debido a que en el país no existe la capacidad para desarrollar ciertos productos. Otro mecanismo sería el establecimiento de umbrales de compra, es decir, establecer límites para las compras estatales a las que pueden acceder las firmas europeas, planteamiento que lo comparte la técnica del Observatorio de Comercio Exterior Carol Chehab. Sin embargo, el titular del INCOP cree que esta medida no permitirá solucionar totalmente el conflicto, debido a que solo protege a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Servicios

El tema de servicios ha sido catalogado como sensible por parte del Gobierno debido a que las empresas europeas tienen interés en la gestión y la administración de los sectores estratégicos, mientras que la Constitución atribuye este derecho al Estado. De esa forma se produce un conflicto con el artículo 313 de la Constitución, que establece que “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia”. De acuerdo al jefe del equipo negociador ecuatoriano, Méntor Villagómez, en estos sectores se incluye electricidad, telecomunicaciones, transporte, petróleos, agua, biodiversidad, etc. Las salidas para evitar conflictos estarían dentro de la misma Carta Magna. El artículo 316, por ejemplo, establece que se podrá delegar la participación en los sectores estratégicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Sin embargo, plantea que “La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico”. La experta en comercio exterior, Teresa Alcívar, cree que no solo se deben analizar los temas referentes a sectores estratégicos en la mesa de servicios, sino las ofertas de parte de Europa para la protección de la mano de obra ecuatoriana en esa región y el accionar del bloque en lo referente a prestación de servicios financieros en el Ecuador.

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