La denominada reestructuración del sector público, a través de la compra de renuncias obligatorias, continúa. El jueves pasado fue el turno de la Superintendencia de Compañías, donde un centenar de funcionarios fueros desvinculados de la entidad.
La mañana de ese día, en la Intendencia de Compañías de Guayaquil fueron entregadas las notificaciones de compras de renuncia. Personal de Recursos Humanos y policías vestidos de civiles informaron a un grupo de trabajadores que la institución había decidido la separación de sus cargos. Ellos dejaron las instalaciones en ese momento.
Las autoridades guardaron silencio sobre la medida. Desde el Departamento de Comunicación solo se informó que la única persona autorizada para dar esa información era la Superintendenta de Compañías, Soad Manssur. Al término de la jornada laboral, el personal de la institución se retiró sin brindar declaraciones sobre este hecho.
En Quito ocurrió algo similar. Hasta ayer en la mañana nadie entregó información sobre la medida. Aunque el ambiente en la Superintendencia era normal y los usuarios realizaban sus trámites sin ningún inconveniente.
En el Departamento de Comunicación se limitaron a decir que el pronunciamiento oficial sobre el tema saldría de la matriz de la entidad de control, en Guayaquil.
Los funcionarios consultados, que prefirieron no ser citados, coincidieron en señalar que el ambiente en las oficinas se desarrollaba con normalidad.
Al mediodía de ayer, a través de un comunicado de prensa con fecha del jueves pasado, la Superintendencia de Compañías se pronunció sobre los despidos.
“Como parte del proceso de reestructuración y optimización del talento humano que se ejecuta en todo el sector público, puso en práctica hoy (jueves) las disposiciones legales y reglamentarias que le permiten comprar renuncias con indemnización”.
El comunicado no señala el número de funcionarios que fueron despedidos, aunque la Dirección de Comunicación, Promoción y Eventos señaló que en total fueron 101 servidores a escala nacional los que fueron separados bajo la figura de compra de renuncias obligatorias.
La entidad añadió que para llegar a la ejecución de esta medida, previamente, se realizaron análisis y contrastaciones durante varios meses, en los que participaron las instancias de decisión de la Superintendencia de Compañías, principalmente sus Intendencias Nacionales. Resultado de este trabajo es el Plan de Renuncias Obligatorias con Indemnización para el personal de la Superintendencia de Compañías.
“El plan se ha ejecutado en las Intendencias de Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Ambato y Machala”, dijo el comunicado.
El proceso de despidos en el sector público arrancó en octubre del año pasado, cuando salieron alrededor de 2 700 trabajadores. En enero pasado hubo un nuevo despido masivo. Las desvinculaciones siguieron esta semana.