18 de March de 2012 16:23

“La oposición a la minería se reduce a sectores minoritarios intelectuales, antiglobalización, conservacionistas, con un gran componente ideológico”

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El consultor argentino  Martín Carotti  cree que los conflictos mineros  en la región tienen tinte ideológico. Las comunidades tienen el derecho de participar.

¿Qué factores explican los conflictos en el sector minero de América Latina?

El discurso antiminero es muy parecido en toda América Latina, nace y se alimenta de ciertos sectores intelectuales del primer mundo, sectores que profesan ideas antidesarrollo y conservacionista. Ese pensamiento se expande, en una suerte de “colonialismo mental” en algunas minorías políticas, que a fuerza de mentiras, infunden miedo, aprovechando el natural desconocimiento de la gente común sobre la minería. El problema, es que ese discurso es usado por opositores políticos, sectores que de otro modo no ganarían elecciones, para cautivar a la gente y conseguir votos, dirimir internas y hasta negociar políticamente. Es difícil saber si esta gente lo hace por ignorancia, o con alguna dosis de cinismo. En el fondo, el conflicto no es por el medio ambiente, a esta gente el medio ambiente no les importa, sólo alimentan el conflicto por cuestiones políticas.

No debemos olvidar la posible participación de los que lucran con la minería ilegal, muy interesados en eliminar la competencia de la actividad legal, regulada y ambientalmente sustentable. No podemos descartarlos como promotores de conflictos.

¿Las posibilidades de contaminación al agua en zonas sensibles no es un buen argumento? ¿Hay minería que no contamine?

Efectivamente, hay minería que no contamina, es la minería legal, la que se hace con responsabilidad, aplicando la tecnología adecuada, con control de estado y de la comunidad. Lo otro es ilegal, es delito. En cuanto a contaminación de aguas, si ese es el problema, las principales fuentes de contaminación son los agroquímicos y pesticidas y los efluentes urbanos. Pero esos temas, a los llamados "defensores del agua", parece no preocuparles.

¿Ocurre lo mismo en otras zonas mineras como Canadá o Australia, Sudáfrica?

En los países con fuerte tradición minera, la situación es distinta. Allí, muy poca gente discute los beneficios de la actividad, porque los vienen disfrutando hace tiempo y la minería está integrada a sus vidas, es una industria más. En cuanto a los controles ambientales, la gente confía en el Estado. La oposición a la minería se reduce a sectores minoritarios intelectuales, antiglobalización, conservacionistas, con un gran componente ideológico.

¿Qué grado de responsabilidad tienen las empresas mineras? ¿Y cuánto los gobiernos?

Las empresas mineras llegaron tarde y mal. Durante los 90 creyeron que alcanzaba con explorar, desarrollar, extraer minerales, pagar impuestos y cumplir la ley. Detalles no menores y que le alcanzan a cualquier actividad para instalarse y crecer. No supieron comunicar para difundir la actividad, que en muchas regiones era nueva, y la oposición antiminera creció ante sus ojos sin saber qué hacer, ni cómo atajarla. Los pocos que venimos comunicando minería desde hace tiempo, recién en el último año empezamos a ser acompañados por las empresas, ahora empiezan a valorar esa tarea, pero siguen con sus acciones de RSE, con efecto ambiguo y dudoso, cuando no contraproducente. Las empresas deben asumir un permanente compromiso de transparencia, dialogo y respeto a la comunidad.

Los gobiernos tardaron en darse cuenta del aporte al desarrollo y a las cuentas públicas, de la minería. Salvo algunas excepciones, recién en el último par de años, están tomando la decisión de impulsar el sector. El problema surge porque muchos actores políticos han utilizado el discurso antiminero en forma demagógica, como temas de campaña, para dirimir internas, posicionarse, conseguir clientela e incluso ganar elecciones. Y no son pocos los casos en que luego deben desandar su discurso, perdiendo credibilidad, y arrastrando a la minería en el desprestigio.

La minería no es de izquierda ni de derecha, es solo una importante actividad extractiva e industrial. Los gobiernos deben promover a la minería sustentable con participación de la comunidad.

¿Cómo se han manejado las regulaciones ambientales y la participación de las comunidades en las zonas mineras?

Si bien las legislaciones ambientales son modernas y responden a las más recientes exigencias en cuanto a preservación del medio ambiente, la participación de la comunidad en los monitoreos comunitarios es algo reciente. El primer ejemplo argentino que conozco data del 2006 (mina Veladero), experiencia que fue reproducida en numerosas operaciones con éxito.

La minería no sólo es la única actividad que tiene legislación de protección ambiental propia, también es la única que permite, promueve y hasta organiza el monitoreo ambiental de sus operaciones, por la comunidad.

Dar participación a la comunidad en el monitoreo de la mina, no es una graciosa concesión de la empresa a sus vecinos, es un derecho que debe ser exigido y acordado con la empresa minera.

Los resultados así obtenidos satisfacen a ambas partes. Para la comunidad, porque comprueba de manera directa y personal, los estándares medioambientales con los que trabaja la mina, abandonando sus temores, y para la empresa, por trabajar integrada a la comunidad, compartiendo una experiencia de participación ciudadana.

¿Quiénes se han beneficiado con los mayores precios de los minerales?

Existe la creencia generalizada que el principal beneficiario de la suba de precios desde el 2002 a la fecha, han sido las empresas, recibiendo lo que algunos denominan "beneficios extraordinarios". Sin embargo, casi un tercio de ese aumento de precios, es en realidad, pérdida de valor del dólar, y otra porción es absorbida por incremento de costos. Por un lado, mientras los productos aumentaron en dólares, parte de los costos también lo hicieron, pues son costos en peso chileno, real, etc., monedas que se apreciaron. Por otro lado, cuando sube el precio de un producto, es inevitable que lo acompañen parcialmente los costos, tanto por "efecto riqueza", como por mayores inversiones en RSE (responsabilidad social empresaria), mas tecnología y hasta por mayores exigencias ambientales. Y eso está bien, porque la minería lo puede pagar. El incremento real de precios, a valor constante, no llega al 50% del de valor nominal.

Gran parte de los tributos, y me refiero a tributos para agrupar a impuestos y regalías, están vinculados tanto a beneficios como a precio, y se incrementan cuando este sube. Mientras que para las empresas parte del aumento de precios de venta, fue absorbido por los costos, no sucede lo mismo con el Estado, que se ha beneficiado directamente del incremento.

Si bien las empresas se han beneficiado con la suba de precios, el mayor beneficiario ha sido el Estado. Y eso lo ha comprendido parte de la clase política, que en los últimos años ha decido promover a la minería como importante fuente de recursos tributarios.

¿Qué relación tienen los mayores precios en los conflictos?

Por un lado, las supuestas "ganancias extraordinarias" incentivan cierta percepción de injusticia. Por otro lado, no debemos descartar la posibilidad de que esa percepción promueva practicas extorsivas, tanto sea para obtener beneficios económicos, como de otro tipo, sindicales, políticos y hasta de prestigio, asumiendo posiciones "políticamente correctas" frente a una actividad muy expuesta, para obtener alguna ventaja.

¿Qué políticas son recomendables para un país que empieza a incursionar en la minería a gran escala como Ecuador?

Es difícil recomendar políticas en un país, con una realidad y una historia que uno no ha vivido. Minería es inversión de largo plazo, y lo que los dueños del dinero necesitan conocer por anticipado, es cuales son las reglas de juego, claras y precisas, para tomar su decisión. Es mucho más importante tener reglas claras y el compromiso de mantenerlas, que algunos puntos más o menos de presión tributaria.

Y el otro factor fundamental, es la decisión del gobierno de educar, de comunicar minería a la comunidad, y asumir su responsabilidad en cumplir y hacer cumplir la ley, para asegurar el control ambiental de las operaciones y convencer a la comunidad de ello. Y me consta que el gobierno ecuatoriano ha asumido con responsabilidad esta tarea, tuve la oportunidad de participar y lo he visto.

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