31 de July de 2011 00:02

Obligados a renunciar

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La tercerización laboral y el trabajo por horas fueron condenados a muerte en este Gobierno, que criticó a las empresas que obtenían ganancias a expensas de la precarización del trabajo.

Esta flexibilización laboral atentaba contra derechos de los trabajadores, que pasaban cada año de una empresa a otra, sin ninguna estabilidad.

Para un Gobierno que se dice defensor de los derechos de los trabajadores, el Decreto Ejecutivo 813, del 7 de julio pasado, es una contradicción.

Con esta norma el Régimen puede obligar a un burócrata a renunciar, lo cual es una contradicción y un absurdo.

La renuncia es un acto voluntario del trabajador, pero al existir una imposición por parte del Estado se convierte en un despido intempestivo, una figura que ya consta en las normas vigentes y que tiene implicaciones económicas diferentes, por ejemplo, una mayor indemnización.

Para el Gobierno no es suficiente la ley vigente, la cual abre una serie de ventanas para achicar la burocracia: compra de renuncias, vistos buenos, sumarios administrativos por evaluaciones, etc.

El Presidente de la República se olvidó del derecho a la estabilidad laboral que consta en la Constitución que él mismo impulsó, en el 2008, y firmó un Decreto incoherente.

Lo curioso es que las autoridades han puesto en vigencia una norma que fue negada el año pasado, cuando el Ejecutivo intentó que la Asamblea aprobara la renuncia obligatoria a través de un veto a la Ley de Servicio Público. La Asamblea dijo que no, pero el Ejecutivo quiere cambiar la ley vía Decreto.

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