El 6 de octubre del 2009, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, compareció ante la Asamblea, para defender un proyecto de reformas tributarias para aplicarse en el 2010. En ese entonces, la Asamblea lo negó. Pero hoy se desempolvó y se lo enviará estos días nuevamente para su debate.
Marx Carrasco, defendía su medida aduciendo el mismo argumento actual: “convertir a la política tributaria en un instrumento que permita enfrentar externalidades negativas, en este caso respecto a la salud pública”.
A esta misma línea, el Régimen ahora añade una justificación adicional para realizar la reforma tributaria que es la declaratoria de emergencia al sistema de salud. El presidente Rafael Correa afirmó, tras una visita a un hospital de Guayaquil, que se necesitan más recursos, ya que los centros de atención no se dan abasto y la infraestructura es aún obsoleta.
El estado de emergencia le da al Presidente la facultad de mover los recursos presupuestarios para cubrirla, en este caso, USD 406 millones. Sin embargo, según el analista Pablo Dávalos, la verdadera razón es que existen problemas de liquidez fiscal.
¿Por qué ahora la emergencia, cuando ha sido un problema estructural? Según la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, la razón es que “aún hay funcionarios que no dan las alertas a tiempo”.
Para el constitucionalista Milton Castillo, si bien el Presidente tiene la facultad y el derecho constitucional de declarar el estado de emergencia, no queda claro, por ejemplo, por qué no lo hace también para la seguridad.
“Una declaratoria de emergencia se da cuando hay o se prevé un acontecimiento que provoque conmoción. Dentro del derecho administrativo el Presidente tiene discrecionalidad para definir qué considera como emergencia. No hay ahora un grupo de leyes que determinen cuáles son las características de una emergencia”.
En todo caso, las autoridades se encontraban ayer reunidas definiendo las características de la reforma tributaria a debatirse. MEDICINAS
La clase media será la más afectada
El incremento del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las medicinas es el que más polémica trae.
Según el asambleísta Leonardo Viteri, las familias ecuatorianas gastan alrededor de USD 60 mensuales en fármacos. “¿Dónde queda el derecho constitucional de la salud? El pretendido incremento lo asumirán los ciudadanos. Impactará a los más pobres y a la clase media”.
Pero para la ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, la medida pretende más bien alivianar de gastos a la clase media. “La idea es incorporarlos al sistema de salud gratuito. Podrán conseguir medicamentos gratuitos y eso será incluso un ahorro para las familias”.
La Ministra reiteró que el número de consultas en los hospitales pasó de 14 millones a 30 millones. Para cubrir la posible menor oferta de fármacos, el Régimen impulsará la producción local, en especial con la Empresa Pública de Fármacos (Enfarma).
Sin embargo, según Carlos Guerrero, gerente de Enfarma, uno de los proyectos que pretende plasmar en el 2011 es efectuar “los estudios de ingeniería básica-conceptual para construir una planta de medicamentos genéricos que se produzcan en el Ecuador a precios bajos y asegurar medicinas esenciales”.CELULARES
Los usuarios prepago sentirán el impacto
En estos momentos, cada ecuatoriano tiene en su poder un teléfono celular, por lo que el posible incremento del 5% al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) impactará directamente al consumidor.
Para el asesor de negociosos de telecomunicaciones, Francisco Álvarez, “el Gobierno no va a tener mayores problemas en recaudar, ya que las llamadas celulares van a seguir realizándose. Es decir, si suben, igual la gente utilizará el celular. El análisis más bien pasa si será socialmente aceptable, ya que por un minuto de llamada se pagará más y por tanto se hablará menos”.
El análisis del vendedor de teléfonos celulares, Juan Pablo Vinueza, va más allá y asegura que el impacto, al igual que el posible incremento de impuesto a las medicinas, será sobre la clase media. “De todos los abonados celulares, la gran mayoría es abonado prepago. Y si vemos, ellos son estudiantes, gente de clase media que no tiene para conseguir un plan. Entonces, es obvio que su presupuesto se afectará”.
El Régimen asegura que con el aumento de la tarifa sobre las llamadas celulares estima recaudar alrededor de USD 80 millones. El mercado mueve anualmente aproximadamente USD 2 000 millones, según cifras del mercado de telecomunicaciones.BEBIDAS
Una medida que incentiva el contrabando
Con la posible aplicación de un impuesto sobre las bebidas, según su grado alcohólico, el principal perdedor sería el propio Estado.
María Lucía Sotomayor es la despachadora de una licorería en Quito que ya ha vivido antes esta situación. “En cuanto al consumo, pongan el precio que pongan la gente igual consume a la corta o a la larga. El problema es para los distribuidores y las productoras, porque siempre entra producto contrabandeado”.
Una de las falencias que ha tenido el control aduanero, precisamente, es el hecho de no haber podido frenar el contrabando, una práctica, que según el asesor de comercio exterior, Juan Manuel Parma, es un mal que ha estado pegado a la humanidad.
“Si leemos los textos de historia, ahí veremos cómo el contrabando de licores siempre estuvo atado a la actividad comercial. Cuando podemos conseguir un licor más barato y de la misma calidad, lo haremos sin dudarlo”.
Según un estudio de la Cámara de Industrias y Producción, la determinación de un impuesto por el grado alcohólico incluso podrá afectar al consumo de cerveza, un producto “de moderación” y que es ampliamente consumido por el común de los ecuatorianos. Y sería otro producto que consume la clase media.CIGARRILLOS
El mayor precio no influye en la demanda
La Cámara de Industrias y Producción advirtió que el impacto sobre la industria del tabaco podría verse reflejado en la generación de empleos.
Y eso es algo que el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, también reconoció durante su comparecencia a la Asamblea, en octubre del 2009.
“Si bien la política tributaria ha estado lejos de comprender el problema de la salud pública en el país, “se tiene que ir con mucho cuidado porque la industria tabacalera genera empleo”, dijo.
No obstante, los distribuidores y las autoridades consideran que los cigarrillos son productos denominados “elásticos”, es decir, que por más que suban de precio, la demanda continuará.
La idea del Gobierno es aumentar en USD 0,07 por cada cigarrillo, lo que le permitiría contar con USD 60 millones.
Para el distribuidor quiteño Jorge Alcívar, varias veces en su vida ha tenido que enfrentar este problema. “Yo no estoy asustado. Sé que cuando ponen impuestos a los cigarrillos, la clientela baja un poquito los primeros días, pero luego terminan regresando”.
Para los industriales, sin embargo, la medida va directamente al bolsillo del consumidor, visto solo desde un plano de mercado, y no desde un tema de salud.