25 de January de 2011 00:00

Nuevos contratos con cuatro petroleras

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0

El Gobierno llegó a un acuerdo, el domingo pasado, con cinco empresas petroleras privadas para que cambien su modelo contractual al de prestación de servicios.

De estas compañías, Petrobell, Petrosud, Tecpecuador y el Consorcio Pegaso (Ismocol), operadoras que manejan campos marginales, recibirán una tarifa fija de entre USD 21 y USD 58 por barril extraído (ver infografía).Los campos marginales producen menos de 6 000 barriles al día (1,2% del total nacional).

Antes de la renegociación de contratos, las empresas tenían un modelo de contrato donde el Estado pagaba a la compañía una tarifa por mantener una producción base en los campos.

El negocio para las empresas era extraer más crudo porque esa producción incremental se repartía con el Estado.

Es decir, que de 100 barriles adicionales producidos por la compañía, en promedio 70 iban al Estado y 30 se entregaban a la operadora del campo marginal.

El Gobierno decidió cambiar esta figura contractual por una de prestación de servicios. En ella, el Estado es dueño de toda la producción de crudo y paga una tarifa única por cada barril que extrae la empresa operadora.

Además de firmar los nuevos contratos con las cuatro operadoras de campos marginales, el Régimen firmó un nuevo acuerdo con la española Repsol, por el campo Tivacuno, donde el Estado pagará una tarifa de USD 27,25 por barril extraído.

Este campo no es marginal pero estaba dentro del segundo grupo de compañías que debían renegociar sus contratos petroleros, cuyo plazo venció el domingo pasado.

Durante el proceso de negociación, que llevó menos de dos meses, tres operadoras de los campos marginales no llegaron a un acuerdo con el Régimen. Las áreas que ellas manejaban fueron revertidas al Estado.

La primera firma que no logró un acuerdo fue el Consorcio Petrolero Amazónico (Suelopetrol ) que manejaba los campos Singue y Pucuna, con una producción de 2 000 barriles diarios. Desde ayer pasaron a Petroecuador.

El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, explicó que inicialmente hubo un acuerdo para firmar el contrato con Suelopetrol por el campo Singue, pero no hubo un acuerdo sobre la tarifa de Pucuna.

El funcionario dijo que la compañía condicionó la firma de ambos contratos, caso contrario no habría acuerdo. El Régimen resolvió no firmar ninguno.

Suelopetrol, sin embargo, se comunicó ayer con este Diario e indicó que hoy convocará a una conferencia de prensa para dar a conocer su versión.

Una segunda compañía que no alcanzó un acuerdo fue el Consorcio Gran Colombia, que manejaba el campo Armadillo.

Este campo no estaba en producción. Pástor informó que la empresa ofrecía una tarifa muy alta para explotarlo.

Un tercer contrato que no se llegó a firmar fue el del campo Charapa, operado por la compañía canadiense Bellweather.

Con esta última empresa tampoco se llegó a un acuerdo en la tarifa. Adicionalmente, El Ministro mencionó que la empresa no había realizado trabajos desde hace ocho años por lo cual el área fue revertida al Estado.

Los campos Charapa, Singue y Armadillo saldrán a licitación en los próximos meses.

Pástor también aclaró que no se entregaron áreas adicionales a las compañías y que solo hubo variación de plazos de los contratos en dos casos. El primero fue para el campo Tivacuno de Repsol, donde el vencimiento del contrato se amplió del 2012 al 2018.

Mientras que en Tiguino de Petrobell, el vencimiento se adelantó al 2016 cuando en inicialmente debía terminar en el 2019.

Petrobell asumió también el campo Ancón, en el bloque 2, que estaba a cargo de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol).

Según Pástor, la Espol nunca llegó a operar el campo Ancón sino que subcontrataba desde hace más de 10 años a Petrobell para que extraiga el crudo. Por ello se decidió entregar el contrato a Petrobell. Añadió que Ancón no fue revertido al Estado ni se sacó a licitación porque tiene varios convenios de desarrollo con las comunidades que lo rodean.

“Si una nueva operadora entra allá deberá rehacer todos los convenios y ello es muy complicado ”

Con la firma de los últimos siete contratos, el Régimen espera una inversión adicional de las compañías de USD 180 millones, un beneficio adicional para el Estado por USD 353 millones y un aumento de producción de 12,6 millones de barriles.

Punto de Vista

Jaime Cabezas/ Catedrático

‘Es una victoria de corto plazo’

El Gobierno ha logrado que el Estado se beneficie más de la renta petrolera. Pero es una victoria a corto plazo porque el nuevo modelo de contrato con las compañías funciona cuando los precios del petróleo son altos.

Las grandes compañías petroleras buscan hacer inversiones, de riesgo, en condiciones más favorables al modelo que actualmente se presenta y ello beneficia al país porque se encuentran mayores reservas de crudo.

Si los precios del crudo caen, la modalidad de prestación de servicios ya no será sostenible, ya que los ingresos apenas cubrirán los costos de producción que se deberá pagar a las empresas.

Ello podría disminuir de manera importante los ingresos para el Estado, lo que causaría una gran conmoción social poniendo en peligro la dolarización.

Actualmente, el país tiene más dinero para gastar, pero los recursos no se están invirtiendo en una reconversión productiva como ya pasó en los años setenta. Se necesita un proceso que le permita al Ecuador invertir los recursos del petróleo para que en el largo plazo se pueda vivir sin petróleo.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (0)