El caso Gaspetsa tomó un nuevo giro contra Petroecuador. El 3 de octubre pasado, la Corte Constitucional resolvió no admitir una acción de protección presentada por la petrolera estatal para evitar el regreso de cerca de 140 ex empleados.
Ellos estaban involucrados en una denuncia formulada en septiembre del 2010, por el entonces secretario de Transparencia Juan Sebastián Roldán, contra 628 trabajadores de Petroecuador. La razón: un supuesto conflicto de intereses al tener participación accionaria en Gaspetsa.
La empresa tenía vigente un contrato que firmó en el 2005 con Petroecuador para proveerle de gasolina de pesca artesanal destinada a las provincias de Esmeraldas y el norte de Manabí.
Como consecuencia, el entonces gerente de Petroecuador, vicealmirante (sp) Manuel Zapater, pidió al Ministerio de Relaciones Laborales que iniciara procesos de visto bueno. Este resultó en la separación de más de 500 funcionarios de Petroecuador sin recibir ninguna indemnización.
Meses después, las autoridades de la petrolera consideraron que la sanción a los trabajadores fue excesiva y llamaron a la firma de un acta transaccional a los ex empleados envueltos en el caso.
En ella, los ex trabajadores se comprometían a regresar a la empresa con la firma de un nuevo contrato y bajo la condición de no demandar a Petroecuador.
Con esta medida, regresaron cerca de 400 funcionarios. Sin embargo, un grupo cercano a 140 ex empleados de Quito y Esmeraldas no firmó el acta y presentó en Esmeraldas una acción de protección para ser restituidos a sus cargos con una indemnización y todos los derechos que tenían antes de su salida.
El 1 de febrero de este año, la Corte Provincial de Esmeraldas acogió la acción de protección y resolvió que Petroecuador reintegrara a los ex empleados.
Ante ello, Petroecuador presentó en abril otra acción de protección en la Corte Constitucional para evitar que se ejecute la resolución de la Corte de Esmeraldas.
Esta, sin embargo, no fue admitida y el caso regresó a la Corte de Esmeraldas a la espera de que se ratifique el reingreso de los trabajadores, indicaron fuentes cercanas al caso que pidieron reserva.
Petroecuador no se ha pronunciado aún al respecto. Pero fuentes cercanas a la empresa indicaron que aguardan una decisión de la Corte de Esmeraldas sobre el tema. Entre tanto, los ex empleados envueltos en el caso esperan finalmente regresar a sus cargos luego de más de dos años.
La decisión de la Corte
La Corte Constitucional rechazó el pedido de Petroecuador al argumentar que este no reune los requisitos de “procedibilidad” de la acción de protección. Ello porque aspira a través de este objeto que se resuelva a su favor una decisión previamente tomada en su contra.
En su resolución, la Corte Constitucional señala que Petroecuador debía explicar por qué la decisión de la Corte de Esmeraldas —de reintegrar a 140 ex trabajadores— transgredió el debido proceso o sus derechos constitucionales.
Sobre la decisión de la Corte Constitucional, señala la misma entidad, no cabe recurso adicional alguno para Petroecuador.