16 de June de 2011 00:02

¿Nuevo impuesto a exportadores?

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En el 2008, el Gobierno detectó una herramienta efectiva para monitorear los flujos de capitales y una supuesta evasión tributaria. Así nació el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Desde allí, dicho impuesto ha sufrido anualmente un cambio significativo, tanto en su valor como en su campo de acción. Actualmente, el Fisco cobra un 2% a las operaciones y transacciones monetarias que se realizan con el exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero.

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Por ejemplo, si una persona utiliza su tarjeta de crédito para comprar un bien en el exterior, sea por Internet o cuando viaja personalmente, se incorpora en su estado de cuenta el 2% del impuesto.

Lo mismo sucedería con los empresarios que traen sus productos del exterior. Cuando realizan el pago por sus compras cancelan el valor respectivo por el tributo.

Ahora, el Gobierno quiere ampliar el espectro hacia aquellas ventas que se realizan al exterior, pero cuyo valor no regresa al país, sino que se mantiene en instituciones financieras en el extranjero o en paraísos fiscales.

Eso ha caído como balde de agua fría entre los sectores industrial, comercial y exportador del país, los cuales afirman que se está incorporando la presunción de que son evasores o ladrones.

El director ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Felipe Ribadeneira, explica que cuando se creó el ISD, el sector exportador perdió competitividad al incrementarse sus costos operativos.

“Buscamos una alternativa para mejorar la competitividad. Y empezamos a dejar una parte del dinero de las ventas en bancos de países donde colocamos nuestros productos. Permanentemente estamos pagando afuera a proveedores o socios que nos ayudan a colocar nuestros productos. Si traíamos la plata y lo volvíamos a enviar para pagarles, debíamos cancelar el 2%. Eso implica un costo elevado. Entonces, empezamos, por competitividad, a utilizar ese mecanismo perfectamente legítimo. No somos rateros, como se nos quiere hacer ver”.

Hoy, con la propuesta, según explica la consultora de Negocios Internacionales, María Eugenia Dávila, la situación se complica aún más. “Es una situación muy delicada. El exportador tendrá que traer todo su dinero al país. Por eso, tendrá que pagar el 2%. Luego, cuando tenga que pagar a un proveedor, deberá volver a enviar el dinero, por lo que pagará el 2%. Es una tributación doble”.

El rechazo también llegó por parte de los empresarios. Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), Pablo Dávila, de por sí, el ISD constituye un desincentivo al sector productivo que importa materia prima, pues genera costos de producción adicionales y le resta competitividad.

“Esta medida representará un impuesto a las exportaciones, pues se gravará al pago de las ventas que se registran en cuentas del exterior. En el 2010, el sector productivo pagó USD 194,2 millones por ISD a las importaciones de materias primas y bienes de capital, de los cuales USD 64,9 millones afectaron directamente la liquidez empresarial, mientras el resto afectó a la rentabilidad ya que se cargaron a los costos de producción en cada empresa”.

La ministra coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, defiende la propuesta porque “al tener una política monetaria con muy poco margen de maniobra, es importante cuidar las divisas con las que contamos para continuar con la dolarización”.

Añade que lo que se busca con la medida es incentivar el retorno de divisas producto de operaciones comerciales con el exterior, que en algunos casos se mantienen incluso en paraísos fiscales.

De aprobarse la reforma, el mecanismo para saber cuánto gravar se daría a través del formulario de exportación que especifica cuánto vendió cada empresa y cuánto de ese dinero retornó al país.

Según Javier Díaz, titular de la industria textil, “la idea de la ministra King es un absurdo. Hoy mismo tenemos serios problemas al pagar el impuesto cuando importamos materia prima, maquinaria, etc. Peor con esto”.

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La confusión 'verde' continúa

Nuevamente hubo confusión ayer con respecto al alcance de la reforma tributaria que pretende enviar el Gobierno a la Asamblea. Según informaciones de varios medios, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, supuestamente aseguró que las botellas plásticas no se incluirían en el paquete.

Sin embargo, la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, descartó esa posibilidad y señaló que "lo de las botellas plásticas sí va, tal como el Presidente lo confirmó el martes".

Dentro de este escenario de nerviosismo, un documento sobre el presunto paquete tributario que el Gobierno maneja empezó a circular ayer en los ámbitos empresariales. En este se registra un mayor campo de acción para el cobro del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Además del impuesto a los cigarrillos y bebidas alcohólicas, se incluye un cobro a perfumes, servicios de televisión pagada, membrecías a clubes sociales, yates, barcos, videojuegos, armas de fuego, focos incandescentes...

Al respecto, el debate sobre la llamada "reforma verde", se trasladó ayer al grupo Acción Ecológica. Sus técnicos señalaron que no es consecuente promover un impuesto 'verde' si al mismo tiempo no se promueve la justicia ambiental. "Mientras se pretende mostrar una imagen ecológica, se sigue ampliando la frontera petrolera, se piensa construir una petroquímica y se sigue promoviendo los botaderos de basura ubicados en comunidades empobrecidas, afroecuatorianas, campesinas o indígenas. La crisis ecológica requiere alternativas estructurales, no de impuestos".

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