Con 28 artículos y 5 disposiciones transitorias, el Gobierno busca sentar las bases legales para la renegociación de los contratos petroleros.El proyecto de reforma a las leyes de Hidrocarburos y de Régimen Tributario Interno, que llegó el viernes pasado a la Asamblea, plantea cuatro reformas. La primera, definida en los artículos 3, 6 y 18, crea la Secretaría de Hidrocarburos, que tendrá la competencia de firmar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos con empresas nacionales, extranjeras, de economía mixta, públicas o privadas.Asimismo, esta nueva oficina adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, administrará los contratos petroleros y tendrá la potestad de modificarlos, de ser el caso. También se encargará de definir las áreas de operación tanto para las empresas públicas como las privadas.En una segunda parte de la reforma (arts. 4 y 11) se crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, en reemplazo de la actual Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH).Esta nueva Agencia tendrá la competencia de normar y controlar la actividad petrolera en todas sus áreas, además de fijar las tasas de producción de petróleo.La reforma planteada por el Ejecutivo elimina el concepto de reembolso de inversiones y establece una tarifa única que se pagará a las petroleras por cada barril neto producido y entregado al Fisco. Esta tarifa se fijará en el contrato tomando en cuenta “la amortización de las inversiones, los costos y gastos y una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo incurrido”. El Estado se reservará un margen de soberanía de al menos el 25% de los ingresos brutos. Este rubro podrá entregarse en dinero o en barriles de petróleo. Las compañías tendrán un premio adicional a su utilidad de incurrir en actividades de exploración para ampliar sus reservas o implementar técnicas para extraer más petróleo. En una tercera parte de la reforma se determina que el Ministerio de Recursos No Renovables adjudicará los contratos mediante procesos de licitación, “con excepción de los que se realicen con empresas estatales o subsidiarias de estas (‘). Con empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria”. Una cuarta parte de la reforma plantea cambios tributarios, por ejemplo, que el 12% de las utilidades financiará proyectos de inversión social en salud y educación en las zonas de impacto. Mientras que el 3% estará destinado a los trabajadores. Asimismo, las compañías pagarán el 25% de sus utilidades netas como Impuesto a la Renta, en lugar del 44,4% establecido en la actualidad.