20 de April de 2010 00:00

La negociación petrolera se halla en un limbo jurídico

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Redacción Negocios

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Las empresas petroleras tomaron con relativa calma el anuncio de una posible expropiación de los campos que operan en el país. El presidente Rafael Correa abrió esa posibilidad, el sábado pasado, al señalar que se enviará un proyecto a la Asamblea para expropiar los campos petroleros si las compañías se niegan a firmar los nuevos contratos.No es la primera vez que el Mandatario amenaza a las compañías, lo cual ha funcionado para obtener ventajas en las negociaciones (ver cronología).Las petroleras prefieren concentrarse en obtener respuestas del Ministerio de Recursos No Renovables sobre el nuevo modelo contractual que el Gobierno entregó en marzo del 2010.Aunque el proceso de negociación debía comenzar a partir de la firma de los contratos transitorios, en agosto del 2008.La primera observación que presentaron las compañías se refiere al marco jurídico que cobijará la firma de los contratos. Según el presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, José Luis Ziritt, se esperaba que la Asamblea Nacional aprobara una nueva Ley de Hidrocarburos, que esté en concordancia con los contratos.Este escenario no se dio y el Gobierno planteó que los nuevos contratos se enmarquen dentro de la normativa vigente, lo cual está complicando la negociación. Según la publicación Análisis Semanal, las petroleras observan que los contratos propuestos están en oposición a disposiciones de la legislación vigente. “Primero tendría que venir la ley y después los contratos”.El texto entregado a las compañías tiene contradicciones con la actual Ley de Hidrocarburos y la Ley del Régimen Tributario Interno. Por ejemplo, el artículo 90 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que la tarifa de Impuesto a la Renta es del 44,4% sobre la utilidad de la compañía. Sin embargo, Ziritt señaló que el Gobierno había acordado que el impuesto sea del 25%. Otra contradicción está en el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos. Ahí se establece que las empresas prestadoras de servicios que encuentren “hidrocarburos comercialmente explotables, tendrán derecho al reembolso de sus inversiones, costos y gastos y al pago de sus servicios”. El nuevo contrato habla de un pago único para las empresas petroleras. Con ello, el impuesto sería también sobre los costos, las inversiones y los gastos.Las petroleras, además, cuestionan cómo se definen los pagos que la empresa deberá realizar cuando deje el área concesionada, entre los cuales están costos por remediación ambiental. Según Ziritt, el nuevo modelo de contratos obliga a definir esos costos, lo cual es imposible porque es algo impredecible. Advirtió adicionalmente que no hay garantías para el pago del servicio que prestarán las petroleras bajo el nuevo contrato.En el modelo contractual actual se habla de que el Estado se garantiza entre el 20 y el 25% del total de las exportaciones de petróleo.Del porcentaje restante se cubrirá los costos de la compañías operadoras privadas. De acuerdo con Ziritt, estas inquietudes se presentaron en semanas pasadas al Gobierno y aún no tienen respuesta. Ayer, las autoridades de Petroecuador y del Ministerio de Recursos No Renovables no se pronunciaron respecto al tema. En Carondelet y en la Asamblea Nacional tampoco dieron detalles del proyecto de Ley de expropiación a las empresas que no firmen los nuevos contratos.

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