¿Es verde o no es verde? Para las autoridades del Gobierno, la reforma tributaria propuesta a inicios de mes sí es verde, porque su objetivo es incentivar a los ecuatorianos a cuidar el medioambiente y porque los recursos obtenidos irán destinados a ese fin.
Y también los sectores críticos de la reforma (gremios empresariales, grupos ecologistas, analistas, etc.) reconocen que es verde, pero por los dólares que se busca (de color verde). Es decir, su fin último es solo recaudar dinero.
Y en este escenario de argumentos y contraargumentos, que ya lleva más de dos semanas, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, ha tenido una participación más bien pálida -siguiendo con la gama de colores-.
La máxima autoridad, llamada a defender una reforma tributaria que tiene que ver directamente con los asuntos que maneja su Cartera de Estado, prácticamente no se ha pronunciado y no ha presentado estudios técnicos para sustentar la reforma bautizada como “ecológica”.
Apenas hizo una aparición pública, el pasado lunes, en el Servicio de Rentas Internas (SRI), en Quito, junto a un pelotón de colegas ministros (de la Política Económica, Katiuska King; de Finanzas, Patricio Rivera; de la Producción, Nathalie Cely y de Salud, David Chiriboga) y el director del SRI, Carlos Marx Carrasco.
En dicha rueda de prensa, donde cada uno de los funcionarios llevó su propio equipo de colaboradores (videógrafo, camarógrafo y asesor de prensa), Aguiñaga explicó escuetamente los alcances de los impuestos a las fundas y a las botellas plásticas y del impuesto a las tierras rurales.
En su exposición volvió a repetir lo que hasta ese momento ya se había comunicado: que las fundas plásticas pagarían un impuesto de USD 0,10 en el momento de la entrega al consumidor y que las botellas tributarían USD 0,02 por cada unidad.
Además, mostró cifras de contaminación por estos materiales a escala mundial, pero no especificó nada sobre el Ecuador.
En cuanto al impuesto ambiental a la circulación vehicular no dijo nada. Fue el titular del SRI quien explicó bajo qué parámetros se calcularía el valor a pagar.
Tampoco hubo mención alguna de estudios que determinen que con esta reforma la disminución de los niveles de monóxido de carbono (CO2), pasaría de “X” valor a “Y” valor. Únicamente se sostuvo que vehículos con mayor cilindraje consumen más gasolina y, por tanto, contaminan más.
Y, precisamente, por esa falta de sostén técnico que justifique seguir coloreando a la reforma de verde, las autoridades volvieron a juntarse en Carondelet horas más tarde de su presentación pública.
A puerta cerrada, con el Presidente, y después de casi dos horas, decidieron que el impuesto a las fundas plásticas debería esperar hasta conocer exactamente cuál sería el impacto en el mercado.
Aguiñaga no hizo anuncios. Fue la ministra Cely quien lanzó por Internet la noticia, a través de un mensaje de Twitter.
Sola al siguiente día, Aguiñaga despertó y lanzó otro anuncio a la comunidad virtual: “Tampoco va el impuesto a las botellas plásticas”. La noticia causó alboroto, hasta el punto que el propio Presidente tuvo que desmentir dicho mensaje. Horas más tarde, Aguiñaga se disculpó por el error.
Pero la confusión ha sido una tónica en este tema. Desde que la novena reforma tributaria (según Marx Carrasco, en estricto sentido solo son tres, el resto han sido neutrales o en beneficio del contribuyente), fue propuesta a inicios de año, ha ido mutando.
Lo que nació como una herramienta para financiar una crisis sanitaria que requería USD 406 millones, fue poco a poco maquillándose hasta llegar a transformarse en una reforma ‘ambiental’. Y a Aguiñaga, quien debió liderar el proceso, al parecer, la noticia la tomó de sorpresa, tanto como al resto de la ciudadanía.
Y durante las dos últimas semanas de intenso debate, las agrupaciones ecológicas también han salido a criticar la propuesta. Para Acción Ecológica, aplicar impuestos verdes parte de una política estructural y no solo de la creación de impuestos sin justificaciones técnicas de peso.
Por otro lado, luego de ir conociendo más detalles de la reforma, saltan a la vista nuevos elementos que no tienen relación con el cuidado al medioambiente. Ese es el caso de la ampliación del concepto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), donde los exportadores serán directamente imputados de un gravamen por su dinero en el exterior.
De ahí que el manejo mediático del Gobierno sobre la “reforma verde” haya sido un búmeran que dejó mal parada a Aguiñaga, quien hasta ahora no sabe exactamente cómo enfrentar este paquete tributario, que llegó a sus manos como por arte de magia.