Mineros informales e ilegales continuaban ayer bloqueando carretera en tres departamentos del Perú, mientras crecía la tensión por la respuesta del gremio a decretos gubernamentales que apuntan a la formalización plena del sector.
La superintendenta de Transporte, Elvira Moscoso, admitió que los bloqueos desbordaron a la Policía, que mantiene enfrentamientos en algunas zonas, pero en otras no hace mayores esfuerzos por desalojar a los manifestantes, a la espera de un diálogo que no parece llegar.
Los problemas ocurren en los departamentos sureños de Arequipa e Ica y el norteño de Áncash, donde cientos de vehículos forman largas filas en las vías cubiertas por piedras y todo tipo de objetos. Los enfrentamientos se han registrado en la provincia de Casma, en Áncash, donde miles de mineros están concentrados al borde de la carretera principal.
Hasta ahora no se reportaban heridos. En Arequipa, unos 13 000 mineros tienen tomada en tres puntos la estratégica carretera Panamericana, en las provincias de Camaná y Caravelí, y solo permiten pasar automóviles cada dos horas, mientras que en Ica se centra en la provincia de Nasca.
Los decretos son resistidos no solo por los mineros ilegales, que operan clandestinamente incluso en zonas prohibidas, sino también por los informales, que buscan regularizarse pero no están de acuerdo con la forma en que se planteó el proceso.
Por ahora, el Gobierno solo habla con los mineros del departamento selvático de Madre de Dios, cuyas protestas han dejado tres muertos y que mantienen una frágil tregua mientras se desarrollan los diálogos, en los que las partes se mantienen lejos.
La decisión del Gobierno de formalizar la minería tiene respaldo de prácticamente todas las fuerzas políticas y, según encuestas, de una gran mayoría de la opinión pública, por los daños ambientales, económicos y sociales que genera la falta de orden.
No obstante, la oposición e incluso sectores oficialistas critican al Gobierno por no prever la reacción y por la supuesta falta de liderazgo del presidente Ollanta Humala, que les ha dejado el tema a los ministros de Energía, Jorge Merino Tafur, y Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.
El parlamentario socialista Javier Diez Canseco, oficialista pero crítico de algunas acciones gubernamentales, cree que el manejo deja claro que Humala carece de operadores políticos.
Según está documentado, la acción minera no formal genera graves daños ecológicos, distorsiona el mercado -se sospecha que mineros formales les compran a los otros para exportar-, deja millonarias pérdidas al Estado por evasión tributaria y crea focos con problemas sociales que incluyen prostitución infantil y virtual esclavitud.