La objeción parcial al proyecto de Ley para la Regulación de los Créditos para Vivienda y Vehículos dejó un sabor agridulce en los sectores sobre los que se aplicará la normativa.
El documento del Ejecutivo, emitido el pasado miércoles, establece que se elimine de la norma la obligatoriedad para que la cartera de crédito hipotecario de los entes financieros sea al menos del 5% del patrimonio técnico.
“Es positivo porque eso implicaba que entidades financieras, que no tienen experiencia en el tema de créditos hipotecarios, sea vean obligadas a desarrollar esa experiencia o a generar compra de cartera para llenar la exigencia”, señaló René Cordero, vicepresidente de Mutualista Pichincha.
El analista Mauricio Pozo coincide con este planteamiento. Sin embargo, rechazó el espíritu mismo de la Ley, es decir, que la devolución de la casa o vehículo sirva para saldar un crédito vencido.
La consecuencia de esta medida será el reforzamiento de las condiciones de crédito. En el caso del financiamiento para autos ya está sucediendo: cuotas de entrada de entre el 35% y 40% y apenas 36 meses de plazo para el pago.
En cuanto a los créditos para vivienda, los entes financieros aún no han confirmado qué medidas tomarán. La firma de análisis de mercado Market Watch, en un seminario realizado ayer, indicó que es probable que los bancos impongan controles como mayor cuota de entrada, reducción de plazos de pago, caída del mercado objetivo, alargamiento del tiempo de construcción, etc.
Guillermo Sosa, titular de inmobiliaria Centauro, aseguró que la norma, tal cual quedó, golpea a la construcción, pues con menos financiamiento se deprimirá el sector y se reducirán las fuentes de empleo. Mientras que Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, dijo que la afectación también vendrá porque se determinó que la ley se aplique para casas de hasta 500 salarios básicos y no de 200, como su gremio propuso.